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Tratamos en las presentes líneas un tema polémico y recurrente sobre la interpretación de los requisitos y características que deben concurrir en la figura del que alega ser allegado para ser considerado como perjudicado ante un accidente de tráfico, porque veremos la cantidad de problemas y casos prácticos que pueden darse en estos casos.
Circular a una velocidad adecuada podría evitar una cuarta parte de los fallecidos en accidente de tráfico. Cada año, más de 300 personas mueren en las carreteras en accidentes en los que la velocidad fue un factor concurrente.
La red de carreteras de la Isla se extiende por un total de cerca de 1.500 kilómetros, mientras que su parque móvil asciende a más de 653.000 coches, lo que supone una ratio aproximado de 413 vehículos por cada kilómetro de vía. Pese a estos datos, y el paulatino aumento del parque móvil en los últimos años, los índices de mortalidad vial se han reducido de forma considerable desde los años 90. En estos momentos, Tenerife dispone de seis tramos de concentración de accidentes de tráfico en su red, según refleja un informe elaborado recientemente por el Cabildo de Tenerife correspondiente al periodo comprendido entre 2010 y 2014.
El pasado día 7 de septiembre el Senado aprobó finalmente y sin enmiendas el Proyecto de Ley de Reforma del Sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico, poniendo así fin a un trámite parlamentario que se inició con la aprobación de dicho Proyecto de Ley por parte del Gobierno el pasado mes de abril de este mismo año.
¿Qué podemos hacer para ayudar en un accidente de tráfico? Sigamos los pasos que detallamos a continuación para seguridad de todos. Información avalada por la Dirección General de Tráfico.
Para que una aseguradora se libere de la obligación de indemnizar al perjudicado, ante el impago de la primera prima o prima única, en una póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos, debe acreditar que ha enviado al tomador del seguro “un correo certificado con acuse de recibo, o por cualquier otro medio admitido en derecho, por el que se notifique la resolución del contrato”, según dictamina una sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de septiembre de 2015.