Juicio a trama por falsificar carnés y quitar multas tráfico. El juicio por los delitos de cohecho y prevaricación administrativa a los acusados de integrar una trama dedicada a falsificar permisos de conducir y a eliminar sanciones por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico. Entre los procesados figuran cinco funcionarios de dicho organismo público en Santa Cruz de Tenerife.
Juicio a trama por falsificar carnés y quitar multas tráfico. Falsificar carnés y quitar multas de tráfico
Los hechos ocurrieron en fechas comprendidas entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de mayo de 2010, en base a la investigación.
Según la representante del Ministerio Público, H.A.V.G., J.L.C., M.B., M.J.P.O. (jefa de la Sección de conductores de la Jefatura Provincial de Tráfico y máxima responsable de la concesión y canje de permisos de conducir extranjeros) y J.J.M.H., jefe del Negociado de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, se pusieron de acuerdo con ánimo de injusto enriquecimiento y a cambio de ciertas sumas de dinero idearon un sistema para obtener un beneficio ilícito.
En la calificación realizada por la Fiscalía se considera que H.A.V.G., J.L.C. y M.B. realizaban tareas de captación e intermediación entre los dos funcionarios de Tráfico y los interesados en obtener alguna actuación administrativa de forma irregular.
Para la expedición de los permisos de conducción fraudulentos, los dos funcionarios de Tráfico utilizaban dos métodos en función de la nacionalidad de la persona para la cual se obtenía el carné.
Si el «cliente» era un español, H.A.V.G. se ponía en contacto con una mujer que residía en Venezuela, X.O., que obtenía de forma irregular un permiso de conducir de dicho país a nombre del interesado, el cual nunca había estado en dicho lugar de Sudamérica. Ese documento fraudulento se introducía en España y los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico lo canjeaban por un permiso de conducir español a sabiendas de que no se cumplía los requisitos legalmente establecidos para ello, según el escrito de la fiscal.
En el caso de aquellos permisos de conducir de países con los que España tenía un convenio recíproco de canje, pero el interesado no cumplía con los requisitos exigidos, los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico obviaban el cumplimiento de dichas exigencias y facilitaban el canje.
Los casos mencionados por la fiscal son diversos. En uno de ellos, un ciudadano que no podía sacar el carné de conducir, porque no sabía leer ni escribir, llegó a abonar a la trama unos 6.000 euros por obtener un permiso de conducción venezolano.
Sin embargo, el canje no llegó a producirse, debido que los acusados ya tenían conocimiento de la existencia de una investigación policial.
Recursos que paralizaban el trámite
Un ciudadano de origen marroquí, consciente de que no podía canjear su permiso de conducir de su país, pues no cumplía los requisitos legales para ello, contactó con H.A.V.G. y M.B. (también magrebí) y les entregó 500 euros para que le efectuaran un canje. Ese dinero se lo repartieron los citados individuos y los funcionarios de Tráfico.
Otro hombre africano abonó 1.050 euros por el mismo procedimiento. En esa ocasión los funcionarios no guardaron copia del carné de conducir emitido en Marruecos, a pesar de que es uno de los requisitos de obligado cumplimiento en este trámite, con el fin de que no se detectase la irregularidad.
Además, el jefe de Negociado de Sanciones en la Jefatura Provincial de Tráfico, de manera reiterada y prevaliéndose del cargo que ocupaba en dicho organismo, procedió a manipular varios expedientes sancionadores al objeto de conseguir paralizar los mismos, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía.
Uno de estos casos tuvo como protagonistas a un padre y a un hijo, a los que se les paralizaron un total de tres procedimientos sancionadores.
En el proceso también figura como acusada M.C.M.G., ordenanza de la Jefatura Provincial de Tráfico, que tenía a su cargo la custodia de los expedientes al objeto de ser recompuestos manualmente cuando se presentaba el recurso correspondiente y que, según la fiscal, procedía a destruir los escritos presentados, con lo que evitaba la revisión de los expedientes, quedando paralizados definitivamente.
Otro de los acusados es un guardia civil, C.A.R., que, a cambio del dinero que pidiera la citada ordenanza, esta le evitaba el pago de una sanción de tráfico. Además, dicha funcionaria de la Jefatura Provincial de Tráfico, conocedora de su condición de agente del Instituto Armado, le pidió a C.A.R., que la informara de la investigación que realizaba la Benemérita en relación a estos hechos. Y, según el escrito elaborado por la fiscal, el agente aceptó tal encomienda de la funcionaria.
Dos funcionarias más que pudieron recibir dinero
Otras dos funcionarias de la Jefatura Provincial de Tráfico, E.M.G.H. y P.B.R., procedieron a paralizar diversos expedientes sancionadores, sin que se haya podido determinar el número de ellos, recibiendo a cambio diversas cantidades de dinero, que oscilan entre los 400 y los 600 euros, según el escrito de la fiscal.
La fiscal pide 12 años de prisión para dos jefes
Para la jefa de la Sección de Conductores de la Jefatura Provincial de Tráfico, el Ministerio Público pide en total 12 años de prisión y 18 años de inhabilitación para empleo y cargo público por los delitos de falsedad en documento oficial y cohecho. La representante de Fiscalía solicita la misma pena para el jefe del Negociado de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico por los mencionados delitos.
Diez años de cárcel para una ordenanza
En cuanto a la ordenanza acusada, la fiscal reclama diez años de prisión y 18 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por los delitos de cohecho e infidelidad en la custodia de documentos, según consta en el escrito de conclusiones provisionales planteado por el Ministerio Público.
Nueve años de prisión y 14 de inhabilitación
Para otra de las funcionarias de Tráfico, E.M.G.H., el Ministerio Público reclama nueve años de prisión y 14 años de inhabilitación para cargo o empleo público por los delitos de cohecho y falsedad en documento oficial. Respecto a la quinta funcionaria de la Jefatura Provincial de Tráfico, la fiscal pide seis años de prisión y 12 años de inhabilitación especial.
Hoy y mañana declararán los acusados
El juicio por cohecho y prevaricación administrativa a la trama encargada de tramitar falsos carnés de conducir o de eliminar definitivamente la tramitación de diversas sanciones por multas de tráfico comenzará en la jornada de hoy en la Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
En principio, está previsto que el jueves y viernes presten declaración todos los acusados en la causa. Para la próxima semana, el lunes y el martes, se contempla la realización de las pruebas testificales, entre los que figuran los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que llevaron a cabo la investigación que culminó con la imputación de funcionarios y ciudadanos. La representante del Ministerio Fiscal en el proceso es Lucía Padilla Ramos.
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