Reclamar a la administración una indemnización económica por los daños y lesiones en los derechos de los ciudadanos o en su patrimonio derivados del funcionamiento de la Administración Pública (municipal, regional o estatal). Se trata de un procedimiento destinado a indemnizar a los particulares por las lesiones que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Abogados responsabilidad patrimonial Tenerife
La Administración Pública tendrá este tipo de responsabilidad respecto a un individuo cuando realice un acto administrativo que vulnere su honor. Pero, de igual modo, también la tendrá si se produce una negligencia dentro de un hospital público por parte de un médico allí contratado o si una persona sufre una caída en mitad de la vía pública como consecuencia de su mal estado.
Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por la Administración Pública (municipal, regional o estatal) de los daños o lesiones que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos propios del Ministerio del Interior; salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
Responsabilidad patrimonial en Tenerife
El perjudicado tiene derecho a la indemnización de todos aquellos daños que, provocados por la Administración, no haya razón para soportarlos, de tal modo que no responderá la Administración sólo por aquellos daños que tengan como raíz la realización de una actuación ilegal o culposa. Lo que interesa por tanto es resarcir el daño causado y no sancionar una actividad administrativa.
Por tanto la culpa ya no es el fundamento del propio sistema de responsabilidad, sino que ha pasado a ser un criterio jurídico de imputación de daños a la Administración Pública.
Al referirnos a la efectividad del daño, hacemos referencia a dos aspectos del mismo, primero que haya una incidencia negativa en los bienes o derechos del particular, sean los que sean, tanto daños patrimoniales, como daños personales y morales. En segundo lugar que se trate de un daño real y actual, es decir, se excluyen los daños futuros simplemente hipotéticos tales como la frustración de simples expectativas.
Reclamación por responsabilidad patrimonial en Tenerife
Consiste en solicitar una indemnización por toda lesión que los particulares sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas y que no tengan el deber jurídico de soportarlo.
La acción para reclamar prescribe al año de que se produjese el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifestase su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
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En los casos de que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, se empezará a computar desde la notificación de la resolución administrativa o la sentencia definitiva.
- Forma de Inicio: De oficio o por reclamación de los interesados.
- Documentos a aportar: Todos los que estime conveniente para la defensa de su argumentación.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
Para el desarrollo de los principios del régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas debemos partir del hecho de que en esta materia nos encontramos ante un sistema unitario de responsabilidad patrimonial que cuenta con las siguientes características:
- El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos.
- Responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por Ley Orgánica Poder Judicial .
- El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.
- Procedimiento para fijar importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.
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Aclaradas sus dudas de manera general sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. En Alvarez Abogados Tenerife estamos muy acostumbrados a asesorar y gestionar para nuestros clientes las reclamaciones correspondientes contra la administración pública, incluyendo ayuntamientos, hospitales y contra la comunidad autónoma canaria.
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