Abogados en Tenerife desde 1954
Delito de incendios en Canarias. El delito de incendio está previsto en el Código Penal dentro de lo que denomina delitos contra la seguridad colectiva. Allí se contempla lo que es el incendio común, los incendios forestales, de vegetación o forestal y los de bienes propios.
El abogado y el testigo en proceso judicial. Un buen letrado de la defensa es y debe ser parcial, para así proteger adecuadamente los intereses de su cliente. Entre los operadores jurídicos corre la idea de que el abogado no puede entrevistarse con el posible testigo ni hablar con él antes de su declaración en el juzgado de instrucción o en el juicio oral.
Delitos por Falsificaciones, imitaciones y copias. Falsificaciones, imitaciones y copias. Delitos contra la Propiedad Industrial, Intelectual y Derechos de Autor. Asistencia jurídica en litigios relacionados con la violación de cualquier derecho de propiedad industrial, intelectual, procedimientos judiciales en relación con la marca, el diseño o la infracción de patente y/o falsificación, imitación o copia.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha elevado de cinco a seis años y seis meses de prisión la condena impuesta a un hombre que acuchilló e intentó asfixiar a la mujer con la que mantenía una relación sentimental sin convivencia, después de quitarle el móvil al creer que se comunicaba con otro hombre y decirle “si no eres mía no eres de nadie”. El tribunal aplica la agravante de género a este caso al haberse acreditado el intento de dominación del acusado sobre la víctima.
El consumo de drogas es una realidad a la que hacer frente. La droga más consumida, el cannabis, puede tener sanción hasta 30.000€. En España la mera posesión de drogas no es constitutiva de delito siempre que no se destine al tráfico ilegal de estupefacientes.
A los agentes responsables de la custodia de un detenido les corresponde informarle por escrito de forma inmediata y comprensible, no sólo de los derechos que durante tal condición le corresponden, sino también de los hechos que se le atribuyen y de las razones objetivas sobre las que se apoya su privación de libertad, según el Tribunal Constitucional.