Delitos contra los derechos de los trabajadores en Tenerife. Existen distintos delitos contra los trabajadores. Delito contra la salud y seguridad de los trabajadores. Defienda sus derechos, los delitos contra los derechos del trabajador son habituales por empresas o sus administradores. Abogados delito contra los derechos de los trabajadores en Tenerife. Consúltenos.
Abogados delito contra los derechos de los trabajadores en Tenerife
En el Código Penal encontramos distintos tipos de delitos contra los derechos del trabajador. Dichos delitos son habituales en empresas y por sus administradores. A continuación detallamos los delitos más relevantes sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores en Tenerife.
Delito contra la seguridad y salud de los trabajadores
Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado.
Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello.
Delito por imposición de condiciones ilegales
Los empresarios que impongan condiciones de trabajo ilegales a sus trabajadores, además de pagar una multa, pueden acabar en la cárcel. En el Código Penal, el delito por imposición de condiciones ilegales a los trabajadores está tipificado en el artículo 311. Este artículo establece que comete este delito aquel empleador que imponga condiciones laborales contrarias a la ley, el convenio colectivo o el contrato individual de trabajo, perjudicando así los derechos laborales de sus empleados.
Este delito busca proteger los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores, evitando que los empleadores abusen de su posición para imponer condiciones abusivas o ilegales. Las penas por este delito pueden variar según la gravedad de la imposición ilegal y van desde multas económicas hasta penas de prisión en casos más graves.
Delito de tráfico ilegal de mano de obra
El delito de tráfico ilegal de mano de obra se encuentra regulado en el Código Penal. Este artículo establece que comete este delito quien promueva, favorezca o facilite la entrada, la salida o el tránsito de personas en el territorio español con la finalidad de explotar su trabajo en condiciones que vulneren sus derechos laborales o humanos. También se considera tráfico ilegal de mano de obra el reclutamiento, transporte, acogida o recepción de personas con fines de explotación laboral en condiciones ilegales.
Este delito busca prevenir y sancionar la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, protegiendo los derechos y la dignidad de las personas afectadas. Las penas por este delito varían en función de la gravedad de la explotación y pueden incluir penas de prisión y multas económicas considerables.
Delito de favorecimiento de inmigración ilegal
El delito de favorecimiento de inmigración ilegal se encuentra regulado en el artículo 318 bis del Código Penal. Este artículo establece que comete este delito quien, directa o indirectamente, promueva, facilite o colabore en la entrada, la circulación o la estancia irregular de personas en territorio español.
Este delito busca prevenir y sancionar la facilitación de la inmigración ilegal, protegiendo la integridad de las políticas migratorias y la seguridad del país. Las penas por este delito varían en función de la gravedad de la conducta y pueden incluir penas de prisión y multas económicas.
Delito de discriminación laboral
El delito de discriminación laboral se encuentra regulado en el artículo 314 del Código Penal. Este artículo establece que comete este delito quien, en el ámbito de una relación laboral y en contravención de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, cause a una persona un perjuicio grave en sus condiciones de trabajo por motivos de género, orientación sexual, religión, opinión, discapacidad, origen racial o étnico.
Este delito tiene como objetivo proteger la igualdad y la no discriminación en el ámbito laboral, asegurando que todas las personas tengan oportunidades equitativas en su empleo. Las penas por este delito varían en función de la gravedad de la discriminación y pueden incluir penas de prisión y multas económicas.
Delito contra el derecho de huelga y libertad sindical
El delito contra el derecho de huelga y libertad sindical se encuentra regulado en el artículo 315 del Código Penal. Este artículo establece que comete este delito quien coaccione a otras personas para que se abstengan de ejercer el derecho de huelga o libertad sindical, o quien obstruya o limite este derecho mediante actos de violencia, amenaza o coacción.
Este delito busca proteger el ejercicio legítimo de la huelga y la libertad sindical, asegurando que los trabajadores puedan ejercer sus derechos laborales sin presiones indebidas. Las penas por este delito varían en función de la gravedad de la conducta y pueden incluir penas de prisión y multas económicas.
Delito de fraude a la Seguridad Social
El delito de fraude a la Seguridad Social se encuentra regulado en el artículo 307 del Código Penal. Este artículo establece que comete este delito quien defraude a la Seguridad Social mediante la obtención de prestaciones o subsidios de forma indebida, falseando información relevante o utilizando documentos falsos.
El objetivo de este delito es preservar la integridad del sistema de Seguridad Social, evitando abusos y asegurando que las prestaciones sean otorgadas a quienes realmente tienen derecho a ellas. Las penas por este delito varían en función de la cantidad defraudada y pueden incluir penas de prisión y multas económicas considerables, así como la obligación de devolver lo defraudado.
Responsabilidad civil derivada de los delitos contra los derechos de los trabajadores
Nos encontramos ante delitos especiales, ya que solo pueden ser cometidos por el empresario, es decir, las personas físicas o jurídicas que reciben los servicios por parte de los trabajadores por cuenta ajena, que son los titulares de los derechos protegidos en los delitos regulados en estos artículos.
El Código Penal no admite la comisión de estos delitos de manera imprudente, con excepción de los regulados en los artículos 316 y 317 del Código Penal, relativos a la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, en los que sí que se prevé que exista una comisión del delito de manera imprudente.
En lo referente a la responsabilidad civil ex delicto, el artículo 109 del Código Penal establece que la ejecución de un delito obliga a reparar los daños y perjuicios que se hayan causado por él, aclarando que el perjudicado puede optar por exigir esta responsabilidad civil ante la jurisdicción civil.
Por su parte, el artículo 116 del Código Penal señala que la persona responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente si del mismo se derivaran daños y perjuicios.
Delitos contra los trabajadores en Tenerife
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