Desahucios, cara dramática de la crisis. Desde el inicio de la crisis se han registrado en España más de 400.000 ejecuciones hipotecarias y una gran parte ha acabado en desahucio. Este drama, que afecta a miles de familias y que se ha visto intensificado por la escalada que está protagonizando el desempleo, se ha situado en el centro del debate de la opinión pública. Y no sólo en España.
Desahucios, cara dramática de la crisis
Las instituciones de la Unión Europea también han mostrado su preocupación por la evolución de un problema que ha creado un creciente malestar social en nuestro país y que ha obligado al Gobierno y a la oposición a dar pasos hacia delante para mitigar uno de los efectos más trágicos de la crisis.
El pasado 12 de febrero, el PP decidió a última hora cambiar el sentido de su voto y respaldar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios, apoyada por más de 1,4 millones de firmas, cuyo objetivo es paralizar los desahucios, impulsar la creación de un parque ‘universal’ de viviendas sociales y promover la dación en pago de la vivienda a cambio de saldar la totalidad de la deuda con la entidad financiera.
Presión ciudadana
La proliferación de suicidios de personas desahuciadas llevó a PP y PSOE incluso a anunciar un pacto para tramitar de urgencia la iniciativa, que en los últimos días ha recibido un nuevo y, si cabe, más relevante impulso de manos del Tribunal de Justicia de la UE, que en una sentencia hecha pública el pasado 14 de marzo dictaminaba que la legislación española vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección suficiente a los ciudadanos frente a hipotecas con cláusulas abusivas, instando al Ejecutivo de Rajoy a adecuar la ley al fallo europeo, proceso que Bruselas vigilará muy de cerca.
El Gobierno ha subrayado en repetidas ocasiones que modificará la normativa hipotecaria española para dar cumplimiento a la sentencia europea, uno de cuyos aspectos más relevantes es que abre la puerta a la paralización de los procesos de desahucio por los jueces mientras se determina si se han aplicado cláusulas abusivas en las hipotecas.
Pese a la creciente presión popular para que el Ejecutivo adopte medidas que mitiguen el drama de los desahucios, éste sigue advirtiendo que no será fácil generalizar fórmulas como la dación en pago, que podría poner en cuestión las garantías hipotecarias y dificultar el acceso futuro de las familias a los créditos hipotecarios. El problema lleva tiempo encima de la mesa y, sin duda, seguirá estándolo durante las próximas semanas y meses.
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