Abogados en Tenerife desde 1954
Referido a la rama del derecho público que regula la represión de la delincuencia mediante una serie de normas y principios jurídicos por parte del Estado, el Derecho Penal castiga los delitos mediante la ejecución de penas. Nuestro bufete de abogados cuenta con abogados especialistas con reconocida formación y experiencia en Derecho Penal en la isla de Tenerife y asistimos cualquier asunto relacionado con lo penal, tanto en la defensa como en la acusación.
Las crónicas periodísticas de los juicios penales mediáticos que se están celebrando estos días dedican una mención especial a la negativa de algunos acusados a responder a las preguntas de las acusaciones o de algunas de ellas, confiriendo a esa negativa un tinte de rebeldía por dichas personas que debería ser mal vista por el receptor de la información. Igual sucede en ocasiones cuando, sin negarse a declarar, los acusados vierten manifestaciones exculpatorias que resultan inconcebibles y atentan a la inteligencia del oyente o lector.
La concienciación social sobre la lacra que supone la violencia de género es imprescindible, y afortunadamente así lo han entendido todos los agentes sociales y políticos, que en los últimos años han dedicado un gran esfuerzo en dar a conocer y luchar contra este auténtico terrorismo doméstico. Afortunadamente los medios de comunicación colaboran muy activamente en esta labor de concienciación social.
La prisión provisional puede dar lugar a una indemnización al afectado incluso en los supuestos en los que se dicte absolución o sobreseimiento provisional por falta de pruebas. Así lo determina que Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha corregido el criterio de interpretación del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial hasta ahora mantenido por el Tribunal Supremo.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recientemente ha entrado en vigor, introduce cambios como los límites a la instrucción judicial, las medidas contra la ‘pena de telediario’ o el cambio del término ‘imputado’ por el de ‘investigado’.
Su finalidad es garantizar un tratamiento adecuado a las personas privadas de libertad en dependencias policiales y de la Guardia Civil, así como dotar de mayor seguridad jurídica a los funcionarios que realizan estas labores en dichas dependencias, según un comunicado del Ministerio del Interior.