18 Dic 2015

Aplicación retroactiva mejora Sucesiones no residentes

Aplicación retroactiva mejora Sucesiones no residentes

Una consulta de la Dirección General de Tributos admite el efecto retroactivo la reforma fiscal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para no residentes.

Sucesiones y Donaciones

Hacienda ha empezado a aplicar de forma retroactiva la mejora que ha introducido la reforma fiscal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para no residentes. Así lo establece una consulta de la Dirección General de Tributos (DGT) que admite el efecto retroactivo de esta modificación. En concreto, en la adquisición mortis causa en junio de 2013 de una cuenta corriente de una sucursal en Marbella de Banco Sabadell entre residentes belgas.

En esta consulta, se insta la rectificación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y se pregunta si la normativa autonómica que debe aplicarse es la de Andalucía (lugar material en el que se encuentra el dinero) o Cataluña (sede social de la entidad financiera en cuestión). La DGT concluye en su consulta que debe prevalecer la legislación de Andalucía. Más allá del caso en cuestión, lo interesante, subraya Cristino Fayos, socio de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios, “es que se aplica la Disposición Adicional 2ª de la Ley 29/1987 sin poner traba alguna a que el hecho imponible fue en 2013”. Es decir, se aplican los cambios de la reforma fiscal, en vigor desde el 1 de enero de 2015, a un caso que se produjo dos años antes. Además, añade Fayos, esta consulta puede invocarse para situaciones similares en el Impuesto sobre el Patrimonio, que fue objeto de una modificación similar en la reforma fiscal.

No residentes

Desde este año, los no residentes ya no están discriminados en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en Patrimonio, en el que tenían que pagar mucho más que los residentes de algunas comunidades autónomas. Hacienda tuvo que cambiar la legislación española ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que dictó que la normativa española obstaculizaba la libre circulación de personas y de capitales.

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