15 Jul 2015

Aprobada Ley Segunda Oportunidad

Aprobada Ley Segunda Oportunidad

La Comisión de Economía y Competitividad del Senado, con competencia legislativa plena, ha dado luz verde a la Ley de Segunda Oportunidad.

Ley de Segunda Oportunidad

La Comisión de Economía y Competitividad del Senado, con competencia legislativa plena, ha dado luz verde a la Ley de Segunda Oportunidad con los votos del Grupo Popular en la Cámara Alta.

Como no ha sufrido variaciones durante su paso por el Congreso, el texto pasa directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor.

El texto pretende ofrecer una posibilidad a las personas físicas y pymes sobreendeudadas de buena fe para que puedan retornar a la economía productiva y no tengan que arrastrar una deuda de por vida.

Revisa la fase de negociación extrajudicial, en la que el deudor puede intentar acordar con los acreedores una reestructuración de su deuda, apoyado por un mediador concursal, de modo que el procedimiento se ajuste a las especificidades de pymes y personas físicas.

En caso de que esta opción no prospere, se acudirá al concurso de acreedores, que podrá acabar en la exoneración de las deudas pendientes tras la liquidación siempre y cuando se hayan pagado los créditos no privilegiados, contra la masa y, si no se ha intentado el acuerdo extrajudicial, el 25% de los créditos ordinarios.

Si no se ha podido cumplir esos objetivos, el juez puede imponer al deudor un plan de pagos a cinco años, durante los cuales el crédito hipotecario tendrá un tipo equivalente al Euríbor más el 0,25%. Si el plan se cumple, el ciudadano quedará liberado del resto de su deuda.

Registro público sobre solvencia

No obstante, acogerse a esta opción supondrá también figurar durante cinco años en un registro público, que se complementará con una nueva página web del Ministerio de Economía donde se podrán consultar las situaciones de solvencia, pero de forma limitada.

Para evitar que la segunda oportunidad afecte a la cultura de pago de las deudas o encarezca los costes de financiación de familias y empresas, el Gobierno ha introducido ciertas salvaguardas, como limitar a diez años la frecuencia con la que se pueda acudir esta posibilidad, introducir el control jurisdiccional o reforzar las exigencia de buena fe, entre las que se cuentan no haber rechazado un puesto de trabajo apto en los últimos cuatro años.

Fuente: El Derecho

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