Obstáculos legales para empezar sin deudas. Aunque la nueva ley de segunda oportunidad ofrece la posibilidad a las personas físicas de condonar las deudas y empezar de cero sin cargas financieras, algunos aspectos de la ley obstaculizan su objetivo.
Obstáculos legales para empezar sin deudas. Ley Segunda Oportunidad
El pasado 28 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Esta nueva regulación, que implanta definitivamente la segunda oportunidad para personas físicas, ha significado para muchos un importante paso adelante y ha recibido una valoración positiva.
Sin embargo, la letra pequeña de esta nueva norma también ha generado una oleada de críticas entre los juristas, centradas especialmente en la dificultad del procedimiento, lo restrictiva que sigue siendo y la falta de acercamiento a los consejos provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE). Los puntos más conflictivos de la reforma son los siguientes.
Requisitos de acceso al procedimiento extrajudicial
Desde el pasado 1 de marzo, las personas físicas pueden acceder a un acuerdo extrajudicial de pagos que permite negociar la devolución de sus deudas. Sin embargo, son muchos los juristas que no creen que exista ninguna justificación para aplicar requisitos como que el pasivo no sea superior a cinco millones de euros y que el deudor no haya alcanzado otro acuerdo extrajudicial en los últimos cinco años. Mantener estas condiciones complicaría una salida negociada a la deuda.
Poca protección de la vivienda habitual
Si se inicia el camino para lograr un acuerdo extrajudicial, se llevará a cabo una suspensión de la ejecución hipotecaria sobre la vivienda habitual. El plazo de esta suspensión será de un plazo máximo de tres meses si el deudor es empresario y, únicamente, de dos meses si el deudor es un consumidor. Este último punto es para los expertos un enorme error que debería solventarse.
Margen temporal del plan de pagos
Tanto la UE como el FMI predican que el plan de pagos de deudas no exceda los tres años para que no resulte pesado. Sin embargo, la nueva regulación marcada por el RD 1/2015 impone un margen temporal de cinco años para poder alcanzar la exoneración definitiva de la deuda.
El crédito público, fuera de la ecuación
No cabe la liberación de toda la deuda. La persona sólo puede verse exonerada del pago de los créditos ordinarios y subordinados. Una vez más, el crédito público aparece al margen del expediente de acuerdo extrajudicial de pagos y no forma parte de los montantes que pueden ser eliminados de la ecuación de las deudas de las personas físicas.
Este asunto es un aspecto que preocupa profundamente a los juristas, puesto que habitualmente las deudas más importantes suelen tenerse con la Administración y que si se implanta un sistema de segunda oportunidad, éste debería servir para ofrecer un nuevo inicio sin deudas, algo imposible si se mantiene el pago de estos créditos.
Entrada del deudor en un registro público
Otro aspecto que no gusta demasiado es que en el caso de no haber llegado a un acuerdo para renegociar la deuda y verse sometido a un plan de pagos de cinco años, la nueva regulación imponga que la información sobre la condonación de la deuda figure en un registro público concursal, de acceso público, durante al menos cinco años.
Acuerdo revocable
Si existe un aspecto especialmente molesto para los juristas es que el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho pueda ser revocado. El apartado 7 del nuevo artículo 178 bis especifica que cualquier acreedor podrá solicitar al juez que revoque este beneficio cuando se incumpla «la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto en el plan de pagos, si mejorase sustancialmente la situación económica del deudor de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos o si se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados».
Dejando de lado los aspectos lógicos, como la reclamación por el incumplimiento de un acuerdo, los expertos no entienden que en un régimen de segunda oportunidad se pueda permitir que los acreedores ejerciten nuevas acciones cuando el deudor consiga recuperarse. Para muchos, esta posibilidad de revocación es una contradicción a la esencia de la segunda oportunidad.
Fuente: Expansión
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