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Su finalidad es garantizar un tratamiento adecuado a las personas privadas de libertad en dependencias policiales y de la Guardia Civil, así como dotar de mayor seguridad jurídica a los funcionarios que realizan estas labores en dichas dependencias, según un comunicado del Ministerio del Interior.
Aunque en términos absolutos las cifras han experimentado un ligerísimo descenso en el último año, lo cierto es que Canarias continúa siendo una de las comunidades autónomas con más denuncias, órdenes de protección y víctimas de violencia machista. De hecho, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad, establece un total de 4.140 casos activos en el Archipiélago, de los que 1.994 (cerca del 50%) presentan algún tipo de riesgo.
El vigente Código Penal introduce la pena de prisión permanente revisable como una pena privativa de libertad grave que puede ser impuesta sólo en supuestos de excepcional gravedad -el asesinato cualificado, la muerte del Rey o del heredero, la muerte por atentado terrorista, la muerte del jefe de estado extranjero o persona internacionalmente protegida por tratado, y la muerte, agresiones sexuales o lesiones graves de una persona en delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad-.
Reforma del Código Penal, que fue aprobada en el mes de marzo por el Parlamento con los únicos votos del PP, tras un procedimiento de tramitación que incluyó la discusión de cerca de 2.000 enmiendas, de las que se recogieron en el texto cerca de 400.
Esta norma, aparte de cubrir los mínimos fijados en la Directiva 2012/29/UE, traslada asimismo las demandas y necesidades de la sociedad española, en aras a completar el diseño del Estado de Derecho, centrado casi siempre en las garantías procesales y los derechos del imputado, acusado, procesado o condenado.
La Ley Orgánica de reforma del Código Penal introduce importantes modificaciones en el Código Penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, y probablemente una de las modificaciones más destacadas es la referida a la estructura misma del código, esto es, la desaparición del Libro III correspondiente a las faltas. Y es satisfactorio que se supriman las faltas, pues ello es coherente con el principio de intervención mínima de la justicia penal que debe guiar la labor del legislador penal.