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La utilización en el proceso penal de grabaciones de conversaciones privadas grabadas por uno de los interlocutores no vulnera el derecho fundamental a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, cuando se han realizado en el ámbito particular.
La concienciación social sobre la lacra que supone la violencia de género es imprescindible, y afortunadamente así lo han entendido todos los agentes sociales y políticos, que en los últimos años han dedicado un gran esfuerzo en dar a conocer y luchar contra este auténtico terrorismo doméstico. Afortunadamente los medios de comunicación colaboran muy activamente en esta labor de concienciación social.
El Estado es responsable de los delitos cometidos por los presos cuando éstos se encuentran de permiso penitenciario. Así lo determina la Audiencia Nacional (AN) en una sentencia del 16 de diciembre de 2015.
Su finalidad es garantizar un tratamiento adecuado a las personas privadas de libertad en dependencias policiales y de la Guardia Civil, así como dotar de mayor seguridad jurídica a los funcionarios que realizan estas labores en dichas dependencias, según un comunicado del Ministerio del Interior.
Aunque en términos absolutos las cifras han experimentado un ligerísimo descenso en el último año, lo cierto es que Canarias continúa siendo una de las comunidades autónomas con más denuncias, órdenes de protección y víctimas de violencia machista. De hecho, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad, establece un total de 4.140 casos activos en el Archipiélago, de los que 1.994 (cerca del 50%) presentan algún tipo de riesgo.
El vigente Código Penal introduce la pena de prisión permanente revisable como una pena privativa de libertad grave que puede ser impuesta sólo en supuestos de excepcional gravedad -el asesinato cualificado, la muerte del Rey o del heredero, la muerte por atentado terrorista, la muerte del jefe de estado extranjero o persona internacionalmente protegida por tratado, y la muerte, agresiones sexuales o lesiones graves de una persona en delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad-.