Presión medios a los jueces es enorme. El jurista, abogado de la Infanta Cristina en el caso Nóos, considera que el desorden legislativo actual genera incertidumbre, inquietud e inseguridad para los letrados a la hora de asesorar a sus clientes.
Presión medios a los jueces es enorme
El abogado Miquel Roca Junyent ha criticado la «enorme» presión que los medios de comunicación ejercen sobre la Justicia. «Parece que los jueces vivirían mucho mejor si dictaran una sentencia condenatoria», ha sostenido el letrado en cuyas manos está la defensa de la Infanta Cristina en el Caso Nóos.
Durante la segunda jornada del XI Congreso Nacional de la Abogacía Española, que se celebra estos días en Vitoria, Roca se ha preguntado si «es posible la Justicia en una sociedad mediática» y ha lamentado que «queremos unos jueces independientes, que actúen sin presión, y lo único que hay es presión».
«¿Puede realmente sustituir la presión mediática al sentido profundo de la Justicia o la Justicia la hemos reservado para determinados jueces y magistrados?», ha cuestionado Roca, para añadir que «si es así, los medios que informen y sean asépticos en este campo, porque de lo contrario lo que están haciendo es presionar a la Justicia».
Por todo ello, en su opinión es necesario «buscar un método que permita que esta presión mediática quede diluida cuando se acerque a la Justicia», y también ha señalado que «hay que vigilar que los medios no influyan en las decisiones de los jueces».
Además, en declaraciones a la prensa después de concluida la mesa redonda, Roca ha criticado que «durante un tiempo ha habido un intento de trasladar a la Justicia cuestiones políticas y esto no es bueno, no hay que confundir los terrenos».
Se legisla demasiado
Por otro lado, el jurista ha criticado que se legisla demasiado y siempre a remolque de los cambios. En este sentido, ha señalado que para cuando la Justicia procede a interpretar una ley «puede ser que ya se haya derogado siete veces».
Por ello, considera que existe «un desorden en la seguridad jurídica preventiva», lo que representa un problema para los abogados a la hora de asesorar a sus clientes, creando incertidumbre, inquietud e inseguridad para el letrado. «Hace falta coordinación y cierto sosiego», ha reclamado, e incluso ha propuesto que se introduzcan disposiciones finales en las leyes que den una vigencia mínima al texto aprobado.
Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competitividad, defendió la postura del Gobierno: «Nos hemos encontrado un período extraordinariamente complejo, había una situación de emergencia que justificaba legislar de una manera extraordinaria, pero hemos intentado ser coherentes dentro de todas las leyes que hemos ido aprobando». El subsecretario reconoció que «los operadores jurídicos han tenido que estar sometidos estos años a una tensión legislativa».
Ley de Servicios y Colegios Profesionales
Respecto a la polémica en torno a las medidas que pretendía introducir el proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales -que no verá la luz finalmente en esta legislatura-, Temboury defendió la postura del Ministerio de Economía señalando que «el objetivo de la ley no es descolegializar la profesión: consideramos que los colegios son necesarios, pero hay determinadas profesiones que no tienen por qué estar colegiadas como requisito para el acceso a la profesión».
Sobre este tema, Roca ha puesto en entredicho que el problema de España sea las cuotas de colegiación de los colegios de abogados, y ha recordado que la propia Constitución los protege.
Por su parte, Julio Fuentes, secretario general técnico del Ministerio de Justicia, ha afirmado que «el Ministerio no puede funcionar bien sin la colaboración de los colegios».
Fuente: Expansión
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