La reforma de medidas de protección integral contra la Violencia de Género afrontada por el reciente Real Decreto Ley 9/18 de 3 de agosto ha abordado la problemática de la personación extemporánea de la víctima y en particular ha diluido cualquier carácter preclusivo de los diferentes trámites del proceso penal, acogiendo en todo caso lo que ya era una tendencia consolidada en la jurisprudencia, confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, permitiendo que la víctima pueda asumir la condición de acusación particular en cualquier momento del proceso, siempre sin merma y del derecho de defensa del acusado, y con exclusión de las dudas interpretativas que podrían resultar para el resto de víctimas según la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
