Abogados en Tenerife desde 1954
Un poder notarial es un documento público autorizado por un notario que permite a una persona o empresa designar a otra como su representante para que actúe en su nombre en determinados actos jurídicos, de modo que el representante deberá acreditar su cualidad de apoderado mediante la exhibición de la copia autorizada del poder. También los abogados pueden mediante dicho poder realizar la representación o mandato de sus clientes.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, o más conocido para casi todos, como plusvalía, viene definido en el artículo 104 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, como un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
Rafael Catalá ha realizado el balance de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal durante los últimos seis meses, que ha permitido la puesta al día de los juzgados españoles y la reactivación de la tramitación de los asuntos pendientes para la agilización de la Justicia penal.
Arquitectos, geógrafos y juristas debaten en la ULL sobre el polémico anteproyecto del territorio. La posibilidad de encauzar la “hipertrofia” normativa genera esperanza; la “falta de ambición”, críticas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tendrá que resolver qué gravedad han de tener los delitos investigados para que un juez pueda ordenar medidas de intervención de las comunicaciones, en particular en el caso de uso de red de telefonía, tras una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Tarragona.
La Sala primera del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, de fecha 21 de diciembre de 2015, en la que resuelve la cuestión de si la entidad de crédito en la que el comprador de una vivienda ha ingresado las cantidades anticipadas al promotor de la misma, debe responder frente a él cuando dicho promotor no haya abierto en la misma entidad una cuenta especial ni presentado aval o seguro por dichas cantidades, tal como establece la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas.