Cómo afectan abogados reformas proceso penal. La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha introducido cambios importantes que afectan a los abogados como, por ejemplo, la confidencialidad de las comunicaciones entre él y el investigado o encausado.
Cómo afectan abogados reformas proceso penal
La Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha reformado siete veces en 2015 -las últimas de ellas en vigor desde esta misma semana-, introduciendo cambios importantes que afectan a los abogados como, por ejemplo, que se reconozca al investigado el derecho a examinar las actuaciones, una cuestión que ha planteado dudas sobre si el letrado, indirectamente, puede tener acceso a ellas y si esto implica acceder a los atestados policiales.
Además, el letrado podrá entrevistarse en privado con el detenido incluso antes de que la policía le tome declaración. También se ha reconocido la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado e investigado o encausado y se ha reducido el plazo que tiene para la primera asistencia al detenido, pasando de ocho a tres horas, algo que afectará a la gestión del turno de oficio. Asimismo, se introduce la obligación de que el letrado informe al detenido de que, en caso de que se oponga a la recogida de muestras de ADN, el juez puede obligarle.
Delitos leves y asistencia abogado
Todo ello viene recogido en un documento elaborado por Ana Vela, especialista en derecho penal de la base de datos Consultor Jurídico, que también señala que en los juicios sobre delitos leves con una pena cuyo máximo sea de al menos seis meses, será preceptiva la asistencia de abogado, algo que no ocurría en los juicios de faltas. También será preceptiva esta asistencia letrada en el nuevo proceso penal por aceptación de decreto; en caso de que intervenga un tercero afectado por un decomiso y en el nuevo procedimiento de decomiso autónomo.
Además, el letrado del investigado podrá solicitar la ampliación de los plazos de instrucción. También se ha regulado la prohibición al abogado de ofrecer sus servicios a víctimas de catástrofes o calamidades hasta transcurridos 45 días desde el hecho, salvo que lo pida la víctima; y filtrar un sumario tendrá mayores consecuencias para los letrados.
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