03 Jun 2016

Canarias: Ley del Suelo

Canarias: Ley del Suelo

Arquitectos, geógrafos y juristas debaten en la ULL sobre el polémico anteproyecto del territorio. La posibilidad de encauzar la “hipertrofia” normativa genera esperanza; la “falta de ambición”, críticas.

Ley del Suelo en Canarias

“Si preguntas a alguien si conoce las leyes del territorio en Canarias la respuesta es que nadie sabe. Como mucho, se sabe que es posible pedir algo y que, algún día, alguien dará una respuesta”. Ese es, a juicio de Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna y coordinador del equipo redactor del anteproyecto de Ley del Suelo, el “problema fundamental” de la actual normativa urbanística, territorial y ambiental, un marco legislativo “enormemente confuso que traba proyectos razonables”.

Villar abrió la jornada sobre el proyecto celebrada el martes en el Paraninfo de la ULL y enmarcada en el ciclo ULL Debates. Lo hizo con una exposición sobre las líneas estratégicas de la ley, a la que siguió una mesa redonda con distintos profesionales en la que quedó claro que aún existe incertidumbre sobre el alcance y consecuencias de la norma y que las expectativas que esta despierta para desenredar la “maraña” administrativa se contraponen a las críticas por su “falta de ambición” a la hora de guiar el futuro modelo territorial del Archipiélago.

Javier Domínguez Anadón, arquitecto y asesor de la Federación Canaria de Municipios, celebró la intención del Gobierno de “simplificar” la normativa para evitar el “cuello de botella” que bloquea el planeamiento. En este sentido, el propio Villar cifró entre nueve y doce años el plazo para aprobar un plan general en Canarias, cuando en el resto de España “se llevan las manos a la cabeza cuando se superan los cinco”.

Domínguez Anadón expuso las dos caras de la moneda al calificar de “escalofriante” la situación del urbanismo en las Islas y defender, al mismo tiempo, que estas constituyen “el territorio con mayor capacidad de sostenibilidad de la Unión Europea”, con el 88% del suelo protegido.

La visión más crítica la ofreció José María Garrido, abogado y consultor. A su juicio, el suelo es tratado en la ley como “un mero soporte para el desarrollo urbanístico”. El anteproyecto consagra, afirmó, la “demolición de la cultura urbanística” que rige en Canarias al permitir la “dispersión” por el territorio de los asentamientos rurales. Esta última aseveración fue refutada por Villar, que matizó que la ley solo unifica los criterios para definir esos asentamientos e incluye en ellos las viviendas situadas hasta a 200 metros. “No se extienden como una mancha de aceite”, aclaró.

Por su parte, Joaquín Mañoso, decano del Colegio de Arquitectos, admitió que el texto le produce “extrañas contradicciones”. Aunque es una “oportunidad de arreglar la maraña legislativa y la escasa coordinación, carece, en su opinión, de ambición. “Hemos renunciado a planificar las cosas. La sociedad canaria debería centrarse en decidir a dónde quiere ir con su territorio”. El proyecto “pasa por alto la renovación de las ciudades, que es urgente”, sostuvo.

También arquitecto -trabaja en el Cabildo de Tenerife-, Xavier Adsuara recordó que la actual “hipertrofia” normativa “no ha contribuido a conseguir un territorio más ordenado, sino todo lo contrario”. Frente a quienes se oponen a que los planes generales sean aprobados solo por los ayuntamientos, y no por la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), recordó que nueve de los 26 planeamientos a los que este último organismo ha dado su visto bueno han sido anulados por los tribunales. “¿Dónde está la seguridad jurídica?”, se preguntó antes de concluir que el proyecto “no es un cambio radical de modelo, sino solo un intento de eliminar las disfuncionalidades más obvias”.

Jaime Díaz, del Colegio de Geógrafos, celebró que toda la normativa se recoja “en un solo texto”. Como Garrido, expresó su temor a que la “discrecionalidad” del suelo rústico termine por “llevar la ciudad al campo”. También echó de menos “una simulación” para prever los efectos de la ley, algo que ahora “nadie está en disposición de afirmar”.

Fuente: El Día

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