TS y CGPJ urge reforma organización territorial Justicia. Carlos Lesmes destaca la importancia de la Justicia como instrumento de tutela de derechos y factor de concordia, de desarrollo económico y de lucha contra la corrupción.
TS y CGPJ urge reforma organización territorial Justicia
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha urgido hoy una reforma de la organización territorial de la Administración de Justicia que posibilite que, como servicio público, ésta sea no solo de calidad, sino también rápida en su respuesta a las necesidades de la sociedad, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial.
Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Lesmes ha recordado que la organización territorial de la Justicia española –el sistema de partidos judiciales- es hoy la misma que se estableció hace 181 años en unas circunstancias que nada tienen que ver con las actuales.
El presidente del TS y del CGPJ ha añadido que, desde hace ya más de una década, distintas instituciones nacionales e internacionales han puesto de manifiesto la necesidad de una reforma del sistema judicial que afecte a su modelo organizativo, y que todas ellas han coincidido en que la concentración territorial de órganos judiciales y de los jueces en los Tribunales y la especialización contribuiría a una mayor eficacia de la Justicia y a una mayor seguridad jurídica.
Lesmes ha recordado que iniciativas en este sentido ya se plantearon en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de 2001, y que la idea se retomó en 2009 –cuando se constituyó una Comisión Institucional para la elaboración de una nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial-, en 2011, con el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de los Tribunales Provinciales de Instancia, y nuevamente en 2012.
Carlos Lesmes ha señalado, además, que el continuo incremento de unidades judiciales no ha servido para mejorar de manera real los tiempos de respuesta ni los índices de pendencia, y que la atomización de órganos judiciales plantea situaciones difícilmente entendibles: en 2014 el 96% de los Juzgados de Primera Instancia superaba el 150% del módulo de entrada de asuntos, mientras que el 70% de los Juzgados de Instrucción no llegaba a ese módulo.
La Justicia como herramienta de paz y desarrollo económico
Durante su intervención, el presidente del TS y del CGPJ ha subrayado la importancia de la Justicia como instrumento de tutela de derechos, como factor de concordia esencial para la convivencia, la armonía y la estabilidad de la sociedad y como elemento fundamental para fomentar y favorecer el desarrollo económico y la lucha contra la corrupción.
En relación con el impacto de la Justicia en la economía, Lesmes ha destacado el efecto que un sistema judicial ágil, fiable y seguro tiene en el desarrollo económico de un país, tanto desde el punto de vista de la confianza que ofrece a los agentes económicos como de las cantidades de dinero “inmovilizadas” en los Tribunales a la espera de una resolución. Una pronta respuesta judicial permitiría revertir ese capital en el circuito económico en beneficio de los particulares y de las arcas públicas.
En este sentido, el presidente del TS y del CGPJ ha ofrecido el dato de los saldos medios diarios de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales de los distintos órganos judiciales españoles, que pueden alcanzar cifras superiores a los 3.000 millones de euros.
Lesmes también ha puesto como ejemplo de la importancia que para la economía española tiene la correcta aplicación de recursos a la Justicia los planes de refuerzo puestos en marcha en 2006 en el Tribunal Supremo para la agilización de asuntos contencioso-tributarios, que en los años siguientes permitió que la Agencia Tributaria tuviera unos ingresos de más de 1.200 millones de euros en términos recaudatorios cuando el coste de los citados planes de refuerzo apenas ha superado el millón de euros.
Fiscalía encargada de la instrucción penal
Lesmes ha apostado por atribuir la investigación de las causas penales a la Fiscalía porque atribuir la investigación de macroprocesos a un solo juez instructor genera un «importantísimo obstáculo» para una ágil instrucción de los casos sobre delitos de corrupción.
En las últimas legislaturas ha habido una «coincidencia muy alta» en el diagnóstico sobre el modelo de instrucción en España ya que por esta vía abogó tanto el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, como el gabinete de Mariano Rajoy. «Pero tenemos problemas para ejecutar esas metas», ha agregado.
A su juicio, España debe avanzar en el modelo de investigación penal residenciado en el Ministerio Público puesto que la figura del juez instructor, que ha prestado «extraordinarios» servicios en nuestro país, presenta unos límites «importantes» a la hora de abordar investigaciones muy complejas porque a una sola persona se encomienda todo el peso de la causa.
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