Abogados en Tenerife desde 1954
El estudio de la evolución desde el año 2001 de las demandas de disolución matrimonial, realizado por el departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, muestra como el número de separaciones y divorcios en España se mantiene estable desde 2009, año en el que se produjeron un total de 124.430 disoluciones. En 2016, el número total de separaciones y divorcios fue en nuestro país de 119.889. Hay más divorcios que separaciones y las de mutuo acuerdo superan a las contenciosas.
La Comisión Europea propuso ayer nuevas medidas para aumentar la protección de los menores en litigios transfronterizos en materia de responsabilidad parental y en relación con la custodia, el derecho de visita y la sustracción de menores. Las nuevas normas que prepara Europa tienen como objetivo acelerar los procedimientos judiciales y administrativos.
Para divorciarse, hay que interponer una demanda de divorcio ante un Juzgado de Familia y esto debe hacerse obligatoriamente con intervención de un abogado y un procurador. A la demanda se le deben adjuntar algunos documentos, como un certificado de la inscripción del matrimonio que se rompe, que debe haberse celebrado como mínimo tres meses antes.
El número de divorcios ha descendido por primera vez en España desde 2013 y en el tercer trimestre de 2015 se ha reducido en un 7,4 % con respecto al mismo periodo del año anterior y las demandas de separación se han reducido, asimismo, en un 10,3 % en relación con el mismo periodo.
Los divorcios, separaciones y nulidades matrimoniales en la Comunidad Autónoma de Canarias según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, sitúan a Canarias en la tercera posición donde más se producen del territorio nacional en el año 2014.
En primer lugar hemos de decir que nuestro Código Civil ha previsto que los hijos sean escuchados en los procedimientos de separación o divorcio de los padres o en los casos en los que se discuta sobre las medidas paternofiliales. Pero hemos de diferenciar a los hijos menores de edad o incapacitados de los que no lo son y ello por la simple razón de que siempre se ha de proteger a los primeros, por su condición de más vulnerables.