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La mera tolerancia del pago retrasado de algunas cuotas de un crédito hipotecario, no puede volverse en contra de la entidad crediticia en el ejercicio de sus legítimos derechos y facultades, según establece una sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de mayo de 2016.
El retraso medio en los pagos de las empresas españolas ha bajado por primera vez de los 15 días en el primer trimestre del año y se sitúa en los 14,10 días, si bien Canarias no cumple esta media y se sitúa como la comunidad donde más retraso se produce con una medida de 19,34 días, según el ‘Estudio sobre comportamiento de pagos de las empresas españolas’ elaborado por Informa D&B, compañía de Cesce.
Partimos de la base de que a la firma del contrato de arrendamiento urbano existe obligación de constituir fianza en metálico, como señala el art. 105 del Texto Refundido de 1964 para los arrendamientos anteriores al 1 de enero de 1995 y el art. 36 de la LAU 29/1994 para los posteriores, estableciendo un mes de renta para las viviendas y dos para los arrendamientos de uso distinto. Esto sin perjuicio de que las partes, además, puedan pactar otro tipo de garantías adicionales conforme el apartado 5 de este último precepto.
El Tribunal Supremo cambia las reglas sobre en qué juzgado se puede plantear un procedimiento monitorio, un proceso especial de cobro rápido, contra las empresas y demás personas jurídicas. En este caso se trataba de una deuda exigida a una compañía telefónica con sede en Madrid por un consumidor que había mantenido todos sus contactos con sus sedes de Barcelona.
El proceso monitorio español debe permitir, para garantizar la protección efectiva de los derechos que confiere a los consumidores la Directiva 93/13, el control de oficio de las cláusulas abusivas contenidas en un contrato. Así lo determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia publicada ayer.
A María y a sus dos compañeras de piso las cosas no les salieron como pensaban. Su culpa fue pecar de ingenuidad. Era final de 2006 cuando estas tres estudiantes recién aterrizadas en Madrid decidieron compartir un apartamento en el barrio de Chamberí. La burbuja inmobiliaria todavía no había estallado y los precios de los alquileres estaban por las nubes: en esa época, el importe mensual superaba los nueve euros por metro cuadrado. Al finalizar el curso académico, y con el ello el contrato de arrendamiento, las jóvenes dejaron el piso tal y como se lo habían entregado. Pero cuando fueron a devolver las llaves la propietaria se negó a reintegrarles la fianza íntegra. ¿La razón? “El piso está muy sucio”. De nada sirvió rebatir: recogieron el dinero que les correspondía y consideraron que no merecía la pena reclamar.