Batería reformas antes final legislatura. El ministro de Justicia cumple un año en el cargo. En su haber, cuenta con una lista de leyes aprobadas y un cierre de legislatura con los ánimos más calmados en un sector que ha vivido unos años convulsos.
Batería reformas antes final legislatura
Desde su llegada hace un año al Ministerio de Justicia ha anunciado entre sus medidas la intención de revisar la polémica ley de tasas, que mantenía en pie de guerra a buena parte del sector. Unos meses después, este tributo dejó de aplicarse a las personas físicas, pero ésta era sólo una de las medidas que se aprobarían bajo su mandato.
El ministro tomó el testigo de las reformas iniciadas por su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, y ha logrado ver aprobadas buena parte de ellas, eso sí, eliminando de los textos algunas cuestiones que podían generar mayor controversia o que, por el tiempo que restaba de legislatura, no era viable incluirlas.
Es el caso, por ejemplo, de la aprobación de una nueva ley de demarcación y planta judicial o de la asignación la instrucción penal al Ministerio Fiscal. La ambiciosa agenda reformadora ha ido viendo la luz en estos 12 meses, con un sprint final en la tramitación parlamentaria.
Ley Orgánica del Poder Judicial
Una de las reformas de mayor peso es la de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El texto aprobado tiene como objetivo agilizar la Justicia, mejorar el reparto de la carga de trabajo entre juzgados y permitir una mayor especialización de jueces y magistrados.
Entre otras cuestiones, la reforma recoge el cambio de denominación de los secretarios judiciales, que pasarán a llamarse letrados de la Administración de Justicia, y elimina la responsabilidad directa de jueces y magistrados, que se asimilará a la del resto de empleados públicos.
Se introduce, además, un importante cambio en el recurso de casación, eliminando el umbral mínimo de 600.000 euros que la ley establecía para poder recurrir ante el Tribunal Supremo en la jurisdicción Contencioso-Administrativa, y se sustituye por el concepto de interés casacional.
También se regula, por primera vez, el deber de efectuar declaración de bienes y derechos por parte del presidente, los vocales y el secretario general del Consejo General del Poder Judicial, una información que el órgano de gobierno de los jueces hizo pública precisamente ayer.
Ley de Enjuiciamiento Criminal
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se está llevando a cabo a través de dos proyectos -uno de ley orgánica y otro de ley ordinaria-, y está previsto que quede definitivamente aprobada por el Congreso en el Pleno del próximo 1 de octubre.
Entre las cuestiones más polémicas está la de limitar a los jueces los plazos de instrucción, con un periodo ordinario de seis meses en causas sencillas y de 18 en las complejas, y con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses. En la tramitación parlamentaria se aprobó que la Fiscalía ya no será la única parte que podrá solicitar prórrogas a estos plazos, y el Congreso introdujo la obligación de proteger la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, una medida que fue matizada en su paso por el Senado.
Además, el texto sustituye el término de imputado por investigado, en una primera fase, y encausado si se mantiene la acusación a medida que avanza la investigación. La reforma aporta también importantes novedades en las medidas de investigación tecnológica.
Ley de Enjuiciamiento Civil
En la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil se ha introducido el plan más ambicioso del Ministerio: lograr una Justicia sin papeles a partir del 1 de enero de 2016. El texto, que también podría recibir el visto bueno del Congreso el 1 de octubre, prevé que tanto los profesionales como los órganos judiciales estén obligados a emplear los medios electrónicos en la presentación de escritos y documentos.
Se introducen también cambios en los procesos monitorios y en la regulación del juicio verbal, y en el Senado se introdujo una enmienda que permitirá a los herederos de los abogados reclamar honorarios no satisfechos después de su fallecimiento.
Proyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria
Una de las novedades más destacadas de esta legislatura ha sido la aprobación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, un proyecto que llevaba desde 2002 en la agenda de Justicia. La norma asigna nuevas competencias a colectivos como notarios, registradores o secretarios judiciales, con el fin de descargar de trabajo a los tribunales y agilizar trámites para ciudadanos y empresas. Introduce, entre otras, la sonada medida por la que los notarios -y finalmente también los secretarios judiciales- podrán tramitar bodas y separaciones.
Código Penal
Muy sonada ha sido la reforma del Código Penal que, además de la polémica prisión permanente revisable y la eliminación de las faltas de su articulado, incluye importantes cambios para el mundo empresarial, como en el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El texto contempla que si la empresa dispone de un programa de prevención que reduzca el riesgo de comisión de delitos, puede quedar exenta de responsabilidad penal.
También afectan de lleno a las empresas los cambios relativos a los delitos de administración desleal y apropiación indebida, la corrupción en los negocios o las insolvencias punibles. Además, el texto endurece las penas de prisión por delitos contra la propiedad intelectual.
Otras reformas aprobadas
- Una de las normas más relevantes aprobadas por el Ministerio de Justicia es el Estatuto de la Víctima. Entre otras medidas, da derecho a las víctimas de los delitos más graves a ser escuchadas por el juez de Vigilancia Penitenciaria antes de decidir sobre la libertad condicional, el cambio de grado o los beneficios de sus agresores.
- Otra reforma de calado es la que modifica el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico. La nueva regulación, que se publicó ayer en el BOE, introduce cambios importantes en el cálculo de las indemnizaciones.
- En junio se aprobó la reforma de la Ley Hipotecaria que mejora la coordinación entre Catastro y Registro de la Propiedad con el fin de evitar discrepancias en la inscripción de fincas.
- También se han aprobado la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, que permite una importante reducción de la burocracia y de los tiempos de respuesta con las administraciones de justicia de otros países, y la ley que regula la representación de España en Eurojust.
- También ha salido adelante la reforma de la Ley Concursal, que establece una segunda oportunidad para deudores de buena fe con cargas, incluyendo por primera vez a las personas físicas.
- La posibilidad de registrar nacimientos y defunciones desde los hospitales también ha recibido luz verde con una reforma del Registro Civil.
- Otra iniciativa aprobada es la ley por la que se concede la nacionalidad española a los sefardíes.
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