23 Feb 2017

Proceso de Incapacitación judicial

Proceso de Incapacitación judicial

El procedimiento de incapacitación judicial es eliminar la capacidad judicial de las personas que no pueden actuar de forma normal y/o consciente, personas con enfermedades psíquicas graves como la esquizofrenia o el alzhéimer. La incapacitación judicial actuará de dos formas: les impedirá realizar actos jurídicos complejos, y nombrará un tutor para que lo represente en estos casos.

Trámites para incapacitar

La declaración de incapacidad la puede promover cualquier familiar del afectado o incluso él mismo si cree que en un corto plazo no va a poder valerse por sí mismo. Se iniciará de esta forma un procedimiento en el que el juez determinará lo siguiente:

  • Si la persona tiene plenas facultades para obrar o no. Para ello el juez entrevistará a todas las personas que estime conveniente, solicitará los informes médicos que necesite e incluso examinará directamente al afectado.
  • En el caso de que la persona sea declarada incapacitada, quién debe de pasar a ser el tutor del afectado. Podrá elegir a quien estime conveniente, pero salvo circunstancias extraordinarias optará por familiares directos del afectado, como hijos, padres, o hermanos.

Las personas con discapacidad, necesitan de protección para ello se ha establecido en el ordenamiento jurídico español, diversas figuras para su defensa, o la defensa en la situación de incapacidad, bien sea física o psíquica.

Algunas causas para la declaración de Incapacitación judicial son las siguientes:

  • Oligofrenia
  • Demencia
  • Esquizofrenia
  • Paranoia
  • Depresión
  • Trastorno bipolar
  • Anorexia nerviosa
  • Bulimia nerviosa
  • Deficiencias orgánicas y funcionales

Proceso de incapacitación judicial

El proceso de incapacitación judicial es la fórmula prevista en la legislación para velar por la persona y el patrimonio de los presuntos incapaces. Tiene naturaleza jurisdiccional, contenciosa y contradictoria y está informado por los principios dispositivo, de legalidad y de oficialidad. La sentencia que declare la incapacitación fijará la extensión y límites de ésta y determinará el régimen de tutela o guarda de la persona que se considere incursa en la situación contemplada: “Enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma”.

Si la persona incapacitada es menor de edad continuará bajo el régimen de patria potestad, que se prorrogará, si se mantiene la incapacitación, al llegar a la mayoría de edad. Si el hijo mayor de edad soltero que viviere en compañía de sus padres o de cualquiera de ellos fuere incapacitado, se rehabilitará la patria potestad, que será ejercida por quien correspondiere si el hijo fuese menor de edad.

El proceso de incapacitación judicial dará lugar, a la constitución de la tutela cuando queda acreditada una limitación funcional de la persona para regir su capacidad y administrar sus bienes, y a la constitución de la curatela en relación con aquellas personas que, en atención a su grado de discernimiento, requieren un complemento de su capacidad en el marco patrimonial.

Obligaciones del tutor

La norma general más importante a tener en cuenta es que el tutor siempre deberá de actuar a favor de los intereses del incapaz, y podrá ser relegado del puesto si se demuestra que hace lo contrario. Además de este principio, el tutor está obligado a lo siguiente:

  • En primer lugar y nada más comenzar con el cargo, realizará el inventariado de todos los bienes y deudas del incapaz.
  • De forma anual, deberá de rendir cuentas al juez y al ministerio fiscal, expresando la evaluación de la enfermedad del incapacitado y el estado de sus cuentas. Si se hacen movimientos patrimoniales extraños y/o extraordinarios se deberá de demostrar su necesidad.
  • Cuando la incapacitación no sea necesaria el tutor deberá de comunicarlo al juez y finalizar el procedimiento con la rendición final de cuentas.
  • Para determinados actos jurídicos relevantes será necesaria la autorización del juez. Se deberá de abrir un procedimiento ajeno al de incapacitación para solicitar, por medio de los escritos correspondientes, el permiso correspondiente.

Quién puede solicitar la incapacitación judicial

La legitimación activa para instar el proceso de incapacitación judicial obedece, a razones de:

– Iniciativa de la propia persona afectada: el presunto incapaz.

– Parentesco: descendientes, ascendientes o hermanos del presunto incapaz.

– Afectividad: el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable.

 Patria potestad o tutela: quienes ejerzan la patria potestad o la tutela del presunto incapaz cuando este fuere, al propio tiempo, menor de edad, para promover su propia incapacitación.

– El Ministerio Fiscal, quién deberá promover la incapacitación si las personas mencionadas – presunto incapaz, y personas ligadas por vínculos de parentesco o afinidad -, no existieran o no la hubieran solicitado.

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