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Delitos Propiedad Intelectual e Industrial en Tenerife. En Alvarez Abogados Tenerife somos expertos en materia de propiedad industrial, intelectual y derechos de autor. Abogados Propiedad Intelectual e Industrial: Despacho de abogados especializados en propiedad industrial e intelectual en Tenerife desde 1954.
Modificación Ley Propiedad Intelectual en España. El pasado sábado 14 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, dicha modificación tiene por objeto trasponer al ordenamiento las Directivas 2014/26/UE y la 2017/1564.
El bien jurídico protegido por estos delitos es, pues, la propiedad intelectual. Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación y está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.
Enlaces web a obras protegidas son ilegales con ánimo de lucro. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea matiza cuando se colocan estos hipervínculos cuando la persona que coloca tal vínculo actúa sin ánimo de lucro y sin conocer la ilegalidad de la publicación de esas obras no se trataría de una infracción.
Arrendador locales debe evitar venta de marca falsa. Los requerimientos judiciales dictados para hacer cesar las infracciones en materia de marcas cometidas por los comerciantes están sujetos a los mismos requisitos que los dirigidos a los operadores de mercados electrónicos.
Facilitar links a webs de contenidos piratas es delito. La actividad de facilitar en un servidor web los enlaces o links a otras páginas que permiten el acceso de los usuarios a obras protegidas por los derechos de autor, supone un acto de «comunicación pública» de dichos contenidos y conlleva una pena de seis meses a cuatro años de prisión, además de multa de 12 a 24 meses. Así lo determina la Fiscalía General del Estado en la Circular del 21 de diciembre de 2105.