30 Sep 2015

Asfixia económica, éxito contra piratería digital

Asfixia económica, éxito contra piratería digital

Reino Unido implantó hace dos años el modelo Follow the money, con el que ha rebajado en un 73% la presencia de publicidad en páginas web ilegales. ¿Podría esta herramienta implantarse en España?

Piratería, propiedad intelectual e industrial

La autorregulación y el acuerdo entre el Estado y creadores, anunciantes, plataformas de pago, operadoras de telecomunicaciones y agencias publicitarias pueden acabar, o al menos rebajar, con la piratería digital. Tanto Estados Unidos como Reino Unido ya han instaurado este sistema que pretende impedir, entre todos estos agentes, que quienes explotan ilegalmente en Internet contenidos protegidos por derecho de autor puedan obtener un beneficio económico y los resultados son sorprendentes.

“En Reino Unido, desde 2013 hemos logrado rebajar en un 73% la aparición de publicidad en sitios web con contenido ilegal”, según explicó ayer Nick Stringer, director de asuntos regulatorios del Internet Advertising Bureau UK, en la jornada Follow the money. Una estrategia de éxito para luchar contra la piratería, organizada por Garrigues. La evidencia de que esta herramienta, conocida bajo la denominación de Follow the money, es de lo más efectiva es que otros países europeos como Francia, Italia, Holanda o Dinamarca están desarrollando iniciativas para seguir este mismo camino.

Teniendo en cuenta todos estos datos, la duda que surge es saber si en España se podría replicar este mismo sistema para tratar de erradicar la lacra de la piratería digital y las páginas web ilegales.

Para Carolina Pina, socia responsable del departamento de propiedad intelectual de Garrigues, la respuesta a esta pregunta es sí, aunque con matices. “La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) acaba de entrar en vigor el pasado 1 de enero y todavía es temprano para poder juzgar la efectividad de las nuevas herramientas de las que se ha dotado a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual“.

Respecto a este tema, Pina apuntó que hay que diferenciar entre la regulación, nuestra LPI, y la autorregulación, que es el sistema empleado en las islas británicas. “En Reino Unido, los diferentes agentes han acordado otorgar la autoridad de elaborar una lista negra de páginas web a una unidad especializada de la Policía de Londres. Si en España se alcanzara un acuerdo y se autorregalura el sector, sólo la Sección Segunda podría elaborar este tipo de listado, puesto que es el organismo que cuenta con la autoridad para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, según se explica en el artículo 158 de la LPI”.

Ejemplo de éxito

Carolina Pina, que se mostró decidida a seguir apostando por la normativa de propiedad intelectual recién reformada, no tiene ninguna duda de que la autorregulación podría funcionar en este caso. “En España, tenemos un ejemplo de éxito de autorregulación en materia de publicidad. Autocontrol ha demostrado ser una entidad que funciona de manera muy eficiente y que ha descargado de trabajo a la Justicia. En Internet se debería llegar a un entendimiento entre todos los actores, pero sin ninguna duda funcionaría”.

Los representantes del mundo de la cultura y de la publicidad también se mostraron convencidos de que la autorregulación podría ser una solución para acabar con las páginas web ilegales. “La legislación española para luchar contra la piratería tiene una clara falta de efectividad y el sistema de cierre de páginas web ha demostrado ser demasiado lento. Debemos actuar rápido y generar una lista negra y un sistema autorregulado impulsado por el Gobierno, como sucede en Reino Unido”, comentó Núria Cabutí, directora general de Penguin Random House.

Por su parte, José Domingo, director general de Autocontrol, mostró su disposición para avanzar hacia la autorregulación y solicitó al Gobierno mayor implicación y una clara muestra de voluntad política ante la instauración de este sistema. “El modelo británico es actualmente el mejor para acabar con la publicidad en las webs ilegales y sería perfectamente replicable en España. Sin embargo, esta plataforma debería contar con el respaldo formal de la Administración -generación de una lista negra- y fijar unos principios muy claros desde el principio, como el respeto a la legislación vigente y la imposibilidad de que se vulnere la defensa de la competencia”.

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