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Tribunal Supremo rechaza la revisión de las sentencias firmes dictadas antes de la doctrina europea que exige la retroactividad total de las cláusulas suelo. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este sentido fue dictada el pasado 21 de diciembre de 2016.
Ley de medidas urgentes protección consumidores cláusulas suelo ha entrado en vigor el 22-01-17. Esta norma pretende establecer un cauce que facilite a los consumidores la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito con las que tienen suscrito un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria que solucionen las controversias que se pudieran suscitar como consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales en materia de cláusulas suelo.
Las denominadas cláusulas “suelo” y “techo” contenidas en los Préstamos hipotecarios son topes a los costes de los créditos, que tienen establecido, tanto al alza (cláusulas techo) como a la baja (cláusulas suelo) un límite en relación con el tipo de referencia. Ello no había supuesto ningún problema importante en los años previos a la crisis porque los tipos de interés se movían dentro de una banda que se consideraba normal para este tipo de préstamos. El problema se planteó cuando las autoridades monetarias decidieron bajar los tipos de interés, como medida para paliar los efectos de la crisis hasta situarlos en niveles prácticamente a cero, lo que provocó la bajada del Euribor y la automática activación de las cláusulas suelo que garantizaban unos ingresos mínimos para las entidades bancarias.
Como dan fe nuestros medios de comunicación, la polémica generada por las cláusulas suelo sigue estando a la orden del día. Prácticamente no transcurre una sola jornada sin que un determinado medio de prensa se haga eco de alguna resolución dictada por nuestros Tribunales de Justicia declarando la nulidad de éstas o de otras tantas cláusulas contenidas en contratos de préstamo hipotecario.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife aplica la retroactividad total en estas cláusulas, en contra de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal había apelado al trastorno económico a los bancos para justificar su decisión de limitar las devoluciones a las fechas posteriores a la sentencia de mayo de 2013. La Comisión Europea considera que los tribunales nacionales no tienen competencias para acotar las indemnizaciones a un consumidor por la anulación de una cláusula abusiva.
En un ambiente de optimismo extremo por la gran cantidad de resoluciones judiciales a favor de los consumidores que se vienen dictando en materia de cláusulas suelo, las entidades financieras y de crédito encuentran un pequeño oasis o refugio gracias a algunas sentencias aisladas de determinadas Audiencias Provinciales que vienen a confirmar el cumplimiento de las exigencias legales y los requisitos de transparencia exigidos por el Tribunal Supremo para su incorporación a los contratos de préstamos hipotecarios.