Abogados en Tenerife desde 1954
El plazo para presentar el escrito de oposición a la ejecución hipotecaria es de diez dias y solo caben como motivos de oposición los tasados por Ley. Vamos a resumir las causas de oposición a las ejecuciones hipotecarias, a efectos de que sean entendidas de forma clara y sencilla. Por ejecuciones hipotecarias nos referimos a los bienes inmuebles (pisos, casas, viviendas, fincas, etcétera).
El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2016 experimentó un descenso del 1,9%o respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 18.739 a 18.391, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.
Los expertos denuncian que existe una gran desconexión entre legislación notarial y de enjuiciamiento civil en el procedimiento extrajudicial de ejecución, en el que se integra la subasta notarial, lo que genera una enorme inseguridad jurídica en un ámbito tan delicado como es el de la concesión de los créditos hipotecarios.
De las familias que se han acogido al Código, 33.765 han obtenido una reestructuración de su deuda y 6.674, la dación en pago. En el primer semestre de 2016, las familias beneficiadas por el CBP ascienden a 9.507, un 30,2% más que en el semestre anterior, según la información remitida ayer al Congreso por la Comisión de Control del CBP. Esta información está contenida en el VIII informe sobre el cumplimiento del CBP que obedece al mandato del Real Decreto Ley 6/2012 de medidas urgentes para la protección de deudores hipotecarios, según el Ministerio de Economía.
FACUA-Consumidores en Acción pide a los jueces que paralicen de oficio los desahucios de hipotecas titulizadas. A través de una nota de prensa publicada en su web, Facua considera que “una vez que han vendido la deuda, los bancos no tienen derecho a reclamarla, aunque mantengan la titularidad del crédito hipotecario en cuestión”.
Ya ha sido publicada en el BOE la norma que fue dictada por el Parlamento Andaluz a principio de junio sobre protección de consumidores y usuarios en relación con la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.