Abogados en Tenerife desde 1954
En los últimos años cada vez ha sido más habitual las noticias relativas a procedimientos de ejecuciones hipotecarias y desahucios. El impacto de la crisis financiera a nivel nacional ha afectado a personas con préstamos hipotecarios y que en la actualidad no pueden hacer frente al pago de las cuotas del mismo, llegando al desahucio o lanzamiento.
El Supremo abre la posibilidad de revisar todos los desahucios previos a marzo de 2013. Dictaminaba la inexistencia de cosa juzgada en las ejecuciones hipotecarias. Miles de consumidores que fueron lanzados y perdieron su vivienda antes de esa fecha podrían reclamar posibles daños y perjuicios si su hipoteca contenía cláusulas abusivas.
La deudora debió solicitar la suspensión de la ejecución antes de la subasta. Los jueces españoles no pueden utilizar la Directiva que defiende los derechos de los consumidores cuando existen cláusulas abusivas y, de esta forma proceder a parar los desahucios en los casos en que la entidad financiera ya se haya adjudicado la propiedad de la vivienda en un procedimiento extrajudicial.
La generalización en el uso por los juzgados de las aplicaciones telemáticas de averiguación patrimonial y embargos de cuentas bancarias ha incidido con fuerza tanto en la mayor resolución de las ejecuciones como en el aumento de las reaperturas, según se explica en la Memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2017.
El plazo para presentar el escrito de oposición a la ejecución hipotecaria es de diez dias y solo caben como motivos de oposición los tasados por Ley. Vamos a resumir las causas de oposición a las ejecuciones hipotecarias, a efectos de que sean entendidas de forma clara y sencilla. Por ejecuciones hipotecarias nos referimos a los bienes inmuebles (pisos, casas, viviendas, fincas, etcétera).
El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2016 experimentó un descenso del 1,9%o respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 18.739 a 18.391, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.