Es habitual encontrarse con clientes que demoran o, en el peor de los casos, se niegan a pagar las facturas pendientes. Si este es su caso, no se preocupe, existen mecanismos legales para reclamar el dinero que le pertenece. Le explicaremos en detalle las opciones disponibles en Canarias para cobrar facturas impagadas, con especial atención…
Reclamar deudas para Pymes y Autónomos Tenerife. Cobro de deudas para pymes y autónomos le permite poder reclamar y cobrar una deuda de manera eficiente. Autónomos y pymes se enfrentan a impagos y deudas que hacen peligrar su actividad, es la hora de recuperar el dinero que le adeudan.
El RIJ es un novedoso fichero de solvencia negativa donde abogados, procuradores y graduados sociales pueden incluir y consultar deudas basadas en una resolución judicial firme. El Registro de Impagados Judiciales nace como una herramienta al servicio de la justicia y del ordenamiento jurídico español que dota a los acreedores que han visto reconocido su derecho…
¿Qué es el reconocimiento de deuda? Reconocimiento de Deuda en Tenerife. El reconocimiento de deuda es un negocio jurídico en virtud del cual el deudor considera como existente en su contra una deuda en beneficio del acreedor, naciendo a favor de este una acción para hacer efectivo, frente al deudor, su derecho al cobro de la…
Facturas impagadas ¿qué hacer? A nadie se le ocurre ir a comprar al supermercado sin un céntimo en el bolsillo. De hecho, la situación resultaría incluso cómica. Sin embargo, cuando se trata de contratar los servicios de un autónomo o pyme, las cosas cambian. Hay quiénes aceptan el presupuesto y se benefician de un trabajo…
Procedimiento monitorio para reclamar facturas impagadas. El procedimiento monitorio se encuentra regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo una vía rápida de reclamación de deudas de cualquier importe, a la que podemos acceder siempre que cumplamos con algunos requisitos básicos.
Ayuntamiento Granadilla de Abona, condenado pagar web en desuso. La empresa denunció el impago del trabajo que le encomendó el gobierno anterior y la sentencia obligó al actual a abonar 20.000 euros por una tarea que tiene informes contrarios.