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El art.10 Constitución Española proclama que tanto la dignidad de la persona como el libre desarrollo de su personalidad constituyen fundamento del orden político y de la paz social. Como manifestación concreta de este principio, tenemos la previsión legal de la designación del interno con su propio nombre condiciones de las actitudes y esquemas morales, ni mucho menos religiosos, del interno.
Dentro de las defraudaciones, incluye nuestro Código Penal, el delito de defraudaciones de fluido eléctrico y análogas, que se considera delito contra el patrimonio, si la conducta alcanza los 400 euros de perjuicio. Introducido por el Código Penal ha perdido fuelle aunque renace, con nuevas aplicaciones, así el aprovechamiento del agua de la comunidad para usos propios, como el riego del jardín particular.
El delito de robo es el apoderamiento de cosas muebles ajenas con intención de lucro ilícito utilizando algún tipo de fuerza en las cosas prevista en la ley, o utilizando violencia o intimidación en las personas. El delito de robo vendría a ser una especie de hurto agravado por concurrir esos medios de fuerza en la comisión de los hechos. El fundamento del mayor castigo de estas conductas está en la mayor peligrosidad del agente al quebrantar y vencer los cuidados especiales que el propietario de la cosa ha puesto para protegerla.
La apropiación indebida consiste en aquella conducta por la que un sujeto al recibir dinero o cualquier otro bien, en virtud de una relación jurídica, cualquiera que ésta fuese, con obligación de devolver lo recibido, lejos de cumplir con ella lo incorpora a su patrimonio o le da un destino distinto del que le corresponde.
Se trata de aquellas conductas castigadas por el ordenamiento jurídico punitivo en las que una persona entra en una morada ajena o en el domicilio ajeno de una persona jurídica sin la voluntad de su titular o se mantiene en ella contra el deseo de ésta. Como se puede comprobar en esta definición la infracción se puede cometer o bien contra las personas físicas o bien contra las personas jurídicas.
Los procedimientos penales incoados se redujeron un 5 por ciento en 2015, según informó ayer la fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal. Una cifra que, en todo caso, no se atrevió a atribuir -de momento- a la supresión de las faltas y la introducción de los delitos leves, y el cese de la remisión de los atestados sin autor.