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En los tiempos que corren, resulta muy habitual para muchos particulares, autónomos y empresas, tener cantidades pendientes de cobro, y que, de forma contraria a lo que ocurría en el pasado, antes se podía llegar a acuerdos amistosos de cobro, ahora parece imposible cobrar las deudas.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que engloba a 1,5 millones de empresas y a 4 millones de trabajadores, lidera desde hace varios años una cruzada para que los plazos de pago de la deuda comercial se adecúen a lo que marca la ley: 30 días como máximo para las administraciones públicas y 60 días para las empresas.
La deuda de las familias cayó en 2.119 millones de euros en septiembre, hasta los 728.748 millones de euros, lo que supone un ligero descenso del 0,28% que prosigue la tendencia de caída que comenzó en diciembre del pasado año, según datos del Banco de España.
La firma de un contrato de descuento financiero (confirming) y la entrega por el proveedor de las facturas pendientes de cobro, obliga a la entidad financiera a abonar su importe en el plazo máximo establecido, sin que a partir de ese momento pueda dar marcha atrás frente al cedente alegando la insolvencia del deudor.
Los efectos de comercio impagados crecieron un 29,9 % en junio respecto al mismo mes de 2014 en Canarias, llegando su importe total a la cantidad de 2.976.399 euros, según datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Administración Pública de Canarias se encuentra entre las que más reducen la morosidad en el segundo trimestre de 2015, al situar el periodo medio de pago a sus autónomos hasta los 76 días, lo que implica 72 días menos de demora que hace tres años, según el último informe sobre morosidad elaborado por la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA).