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Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas bajaron un 12,4% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2015, hasta sumar 1.279, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada el pasado lunes.
El Estado pagó 771.698 millones de euros entre abril y junio en facturas de bienes y servicios e inversiones y lo hizo en un plazo medio de 57 días, por encima de los 30 que marca la Ley de Morosidad. No obstante, este plazo es un 8% inferior al de un año antes, según los datos oficiales recogidos por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
El administrador de una sociedad que cesa en su actividad sin proceder a disolverla y y liquidarla es el responsable de probar la inexistencia de bienes y derechos o el destino de lo adquirido con la liquidación de los existentes y no puede imputarse la carga de la prueba al acreedor demandante, en aplicación de la regla de facilidad probatoria del artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La mera tolerancia del pago retrasado de algunas cuotas de un crédito hipotecario, no puede volverse en contra de la entidad crediticia en el ejercicio de sus legítimos derechos y facultades, según establece una sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de mayo de 2016.
El retraso medio en los pagos de las empresas españolas ha bajado por primera vez de los 15 días en el primer trimestre del año y se sitúa en los 14,10 días, si bien Canarias no cumple esta media y se sitúa como la comunidad donde más retraso se produce con una medida de 19,34 días, según el ‘Estudio sobre comportamiento de pagos de las empresas españolas’ elaborado por Informa D&B, compañía de Cesce.
Las deudas que las familias tenían contraída con las entidades financieras se redujo un 3,2% en enero, hasta situarse en 721.564 millones de euros, su nivel más bajo desde junio de 2006.