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Las Audiencias Provinciales confirmaron en 2014 el 74 por ciento de las acciones de nulidad contra los contratos de permutas financieras (swaps). El año pasado, se obtuvieron 1.057 pronunciamientos de estos tribunales sobre swaps, lo que supone un aumento del 10 por ciento respecto a 2013, cuando se registraron 900 resoluciones.
La imposición por el banco de un swap para evitar la prestación de garantías personales del cliente sin la debida información sobre los riesgos de este producto provoca un vicio de consentimiento en el cliente, que lleva a la anulación del contrato de este producto financiero y a la devolución de las cantidades pagadas más los intereses de demora, incrementados en dos puntos.
El marco legal que protege a los ahorradores particulares puede llegar a generar inseguridad jurídica, ya que no diferencia entre inversor cualificado y el que adquiere productos financieros complejos sin saberlo.