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Los jueces españoles concluyeron en el segundo trimestre de 2017 un total de 30 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 118 personas, que ya han sido o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. Así lo revelan los datos sobre procedimientos por acciones de corrupción emitidos por el Consejo General del Poder Judicial correspondientes al segundo trimestre.
La Fiscalía General del Estado reclama introducción en el Código Penal del delito de incremento patrimonial injustificado, para perseguir a los funcionarios y cargos públicos en los que se constate un mejora de su situación económica que no puede explicarse de acuerdo con sus ingresos legales.
La lucha contra la corrupción en el sector público tiene diferentes ejes, como el control financiero o contable interno, destacando la respuesta a través del Derecho Penal. En los Códigos Penales de los distintos países se han introducido diferentes tipos penales para su persecución, que criminalizan determinados instrumentos destinados a incidir ilegítimamente en el proceso de decisión de una autoridad o funcionarios público (tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales…). En este marco destaca el delito de cohecho, que vulgarmente también recibe el nombre de soborno.
El Código Penal introdujo una serie de delitos, entre los que se encuentran todos los delitos que se engloban bajo la denominación de tráfico de influencias. Son delitos contra la Administración Pública y tratan de preservar la objetividad e imparcialidad de los funcionarios y autoridades en el ejercicio de su función y el correcto funcionamiento de las administraciones públicas. Tratan de evitar comportamientos abusivos y de prevalimiento en que pueden incurrir los cargos y funcionarios públicos y constituyen una manifestación de la lucha contra todos los episodios de corrupción administrativa.