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Con frecuencia, en diversos medios de telecomunicación, es noticia la resolución del contrato de arrendamiento de vivienda por la falta de pago del arrendatario de una mensualidad de renta que a veces no alcanza ni los 100€ o bien se basan en la deuda de otros importes de ínfima cantidad que corresponden a los gastos de comunidad, el IBI o la tasa de basura.
Partiendo de la premisa de que los cónyuges han suscrito con una entidad bancaria un contrato de préstamo hipotecario para la adquisición de la vivienda familiar, y por tanto los dos son deudores hipotecarios y responsables de forma solidaria, tras la crisis matrimonial – separación o divorcio -, cabe la duda respecto de si es factible que los cónyuges acuerden de mutuo acuerdo quién continuará abonando las cuotas de amortización del préstamo hipotecario.
La fecha que deberá tenerse en cuenta para calcular el daño imputable a la parte incumplidora de un contrato que tenga por objeto un bien inmueble -y que, por tanto, depende del momento en que se efectúe su valoración-, es el momento en el que el demandante conoce a ciencia cierta que su derecho es firme. Esto es, cuando existe una sentencia firme que le da la razón en el litigio correspondiente y no cuando presente la demanda de reclamación por daños. Así lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia del 27 de junio.
La compraventa de viviendas aumentó un 23,7 por ciento en el segundo trimestre de 2016, respecto al mismo periodo del año pasado. Además, el precio medio de los inmuebles también subió un 2,2 por ciento respecto al primer trimestre de este año, lo que supone un aumento total del 7,5 por ciento en el último año.
El presidente de una comunidad de vecinos puede denunciar a uno de los propietarios por violar los estatutos sin que la Junta le autorice, de forma expresa, a denunciar a un vecino en particular. El tribunal Supremo entiende que basta con que en el acuerdo de la Junta del edificio le permita «tomar las acciones legales pertinentes» para imponer la voluntad del conjunto de propietarios, sin necesidad de señalar a un individuo concreto.
España está en funciones. Y de veraneo. Sin embargo, el bloqueo institucional y estival no ha impedido que el Ministerio de Economía publique el Anteproyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Una normativa que, una vez termine su proceso legislativo, regulará la relación de los ciudadanos con sus bancos e impondrá cambios sustanciales en la concesión de las hipotecas.