¿Cuánto son las costas de un juicio?

Adentrarse en un procedimiento judicial es una travesía que, a menudo, genera incertidumbre y preocupación. Una de las mayores inquietudes para cualquier persona que se ve en la tesitura de litigar es, sin duda, la cuestión económica. ¿Cuánto son las costas de un juicio? Más allá de los honorarios del propio abogado, emerge un concepto clave que puede alterar significativamente el resultado financiero de la contienda: la condena en costas.

¿Cuánto son las costas de un juicio?

Pero, ¿qué significa realmente este término? ¿Por qué existen? ¿En qué tipo de juicios se aplican? Y, sobre todo, la pregunta que más resuena: ¿a cuánto ascienden? Responder a esta última cuestión de forma exacta es, legalmente, imposible. Este artículo pretende arrojar luz sobre este asunto, ofreciéndole a usted, el lector, las pautas, características y recomendaciones necesarias para comprender el alcance de las costas procesales, un elemento crucial en cualquier estrategia legal.

¿Qué son exactamente las costas de un juicio?

Imagine que ha tenido que acudir a los tribunales para reclamar una deuda que no le han pagado. Tras un largo proceso, la sentencia le da la razón y condena a la otra parte a abonarle la cantidad adeudada. Sin embargo, para llegar a este punto, usted ha tenido que realizar una serie de desembolsos económicos imprescindibles: ha contratado a un abogado para que defienda sus intereses y a un procurador para que le represente ante el juzgado. Quizás, incluso, ha necesitado el informe de un perito para acreditar ciertos hechos.

Todos estos gastos, directamente relacionados con el proceso judicial, son lo que conforman las costas procesales. En esencia, son los gastos que las partes han tenido que soportar para poder litigar. La condena en costas no es una multa ni una sanción adicional, sino un mecanismo legal diseñado para que la parte que ha resultado vencedora en el juicio pueda ver resarcidos, total o parcialmente, los costes en los que ha incurrido para defender su derecho.

El objetivo es claro: que el coste del litigio no merme el derecho que finalmente le ha sido reconocido por un juez. Se busca, en la medida de lo posible, que la persona que se vio forzada a acudir a la justicia para defender sus legítimos intereses quede en la misma situación patrimonial que si la otra parte hubiera cumplido con sus obligaciones desde el principio.

La razón de ser de las costas: El principio de vencimiento

La imposición de las costas se rige, en la mayoría de las jurisdicciones, por lo que se conoce como el principio de vencimiento objetivo o «quien pierde, paga». Este principio, que vértebra el sistema de costas en España, establece una regla aparentemente sencilla: la parte cuyas pretensiones han sido completamente desestimadas por el juez deberá abonar no solo sus propios gastos, sino también los de la parte contraria.

La lógica detrás de esta norma es doble. Por un lado, como ya hemos mencionado, tiene una función resarcitoria, buscando la reparación íntegra del derecho del vencedor. Por otro lado, cumple una función disuasoria. El riesgo de tener que asumir una condena en costas puede desincentivar la interposición de demandas infundadas o la prolongación innecesaria de litigios sin una base jurídica sólida. Actúa como un filtro para evitar que el sistema judicial se vea colapsado por reclamaciones temerarias.

No obstante, la aplicación de este principio no es automática ni absoluta. La ley contempla excepciones. Por ejemplo, el juez puede decidir no imponer las costas al vencido si considera que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Esto ocurre en situaciones complejas, donde la interpretación de la ley o la valoración de las pruebas no era clara y, por tanto, era razonable que ambas partes defendieran sus posturas en un juicio.

¿En qué procedimientos judiciales se aplica la condena en costas?

La posibilidad de una condena en costas está presente en la gran mayoría de los órdenes jurisdiccionales, aunque con matices y particularidades en cada uno de ellos.

  • Jurisdicción Civil: Es el ámbito donde la condena en costas es más habitual y su aplicación del principio de vencimiento es más estricta. Se aplica en casi todos los procedimientos, como reclamaciones de cantidad, desahucios, divorcios (en lo que respecta a las medidas económicas), herencias, etc. Si una de las partes ve rechazadas todas sus peticiones, lo más probable es que sea condenada en costas. Si la estimación de la demanda es parcial, es decir, el juez da parte de razón a ambos, lo habitual es que cada parte abone sus propias costas.
  • Jurisdicción Penal: Aquí el sistema es diferente. Por regla general, en los procedimientos penales, las costas se declaran «de oficio», lo que significa que cada parte paga las suyas, salvo que el juez aprecie temeridad o mala fe en la actuación de alguna de las partes, especialmente en el caso de la acusación particular o popular. Si se absuelve al acusado, rara vez se condena en costas a quien le acusó, a no ser que se demuestre que la acusación fue manifiestamente falsa o malintencionada.
  • Jurisdicción Contencioso-Administrativa: En los litigios contra la Administración Pública, también rige el principio de vencimiento. Si usted recurre una decisión de un ayuntamiento o de la Agencia Tributaria y el juez le da la razón, la Administración será condenada a pagarle las costas. Y viceversa, si su recurso es desestimado, podría ser condenado a pagarlas usted.

La incertidumbre del importe: ¿Por qué no se puede saber la cifra exacta?

Llegamos al punto más delicado y que más preocupa al ciudadano: la cuantía de la condena. La respuesta es contundente: es imposible conocer de antemano el importe exacto de una posible condena en costas.

La razón principal es que la legislación española y europea prohíbe expresamente la existencia de baremos o criterios orientadores de honorarios profesionales. Hace años, los Colegios de Abogados publicaban unas tablas que servían de guía para calcular los honorarios en caso de condena en costas. Sin embargo, las autoridades de competencia consideraron que estas prácticas restringían la libre competencia entre los profesionales del derecho.

Esta prohibición, aunque busca fomentar la competencia, genera una notable inseguridad jurídica para el justiciable. La parte que pierde un juicio se enfrenta a una «factura en blanco» cuyo importe final no conocerá hasta que el proceso haya terminado por completo.

Entonces, ¿cómo se calculan? Una vez que la sentencia es firme, la parte vencedora inicia un procedimiento llamado «tasación de costas». En él, su abogado y procurador presentan las minutas de los honorarios que consideran oportunos por su trabajo, junto con las facturas de otros gastos (peritos, tasas, etc.). La otra parte (el condenado en costas) tiene la oportunidad de impugnar estas minutas si las considera excesivas o indebidas.

Recomendaciones y el valor del asesoramiento experto

Ante esta situación de incertidumbre, la figura de un abogado de confianza se vuelve más crucial que nunca. Aunque no puedan darle una cifra cerrada, su experiencia y pericia son su mejor herramienta. Un profesional como los que integran Alvarez Abogados Tenerife, por ejemplo, puede ofrecerle una orientación fundamentada.

Basándose en su conocimiento de casos similares, la complejidad del asunto, el juzgado en el que se tramita y las prácticas habituales de la zona, su abogado podrá proporcionarle una estimación razonable y prudente de a cuánto podrían ascender unas hipotéticas costas. Esta orientación, aunque no vinculante, es vital para que usted pueda tomar decisiones informadas a lo largo de todo el procedimiento: decidir si merece la pena litigar, valorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial o prepararse económicamente para el peor de los escenarios.

Algunas pautas a tener en cuenta:

  1. Diálogo transparente: Hable abierta y claramente con su abogado desde el primer momento sobre la cuestión de las costas. Pídale que le explique los posibles escenarios y que le ofrezca una estimación de los costes potenciales.
  2. Valorar acuerdos: A veces, un buen acuerdo a tiempo puede ser más beneficioso que la mejor de las sentencias. Un acuerdo evita la incertidumbre de la resolución judicial y, por supuesto, elimina el riesgo de una condena en costas.
  3. Provisión de fondos: Es una práctica habitual y recomendable que su abogado le solicite una provisión de fondos al inicio de su relación profesional. Esto no solo cubre los gastos iniciales, sino que también establece una base de transparencia económica entre ambos.
  4. No confundir presupuesto propio con costas: Recuerde que los honorarios que usted pacta con su abogado son una cosa, y lo que un juez puede determinar que la parte contraria debe pagarle en concepto de costas, es otra. No siempre coinciden.

¿Cuánto son las costas de un juicio?

Las costas de un juicio son un elemento complejo y de cuantía incierta, pero no un misterio indescifrable. Entender su razón de ser, los principios que las rigen y los procedimientos en los que se aplican es el primer paso para afrontar un litigio con mayor seguridad. La clave, como en tantos otros aspectos del derecho, reside en contar con un asesoramiento profesional, experimentado y fiable que le guíe a través de las complejidades del sistema y defienda sus intereses con la máxima diligencia y confianza.

También le puede interesar:

CONSÚLTENOS AHORA:
COMPARTIR EN REDES SOCIALES:
Picture of Alvarez Abogados Tenerife

Alvarez Abogados Tenerife

Abogados en Tenerife desde 1954. Cientos de clientes cada año no deben estar equivocados. Desde El Médano, Granadilla de Abona, Tenerife Sur, ofrecemos asesoramiento jurídico y defensa legal en Canarias.