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La imposición por el banco de un swap para evitar la prestación de garantías personales del cliente sin la debida información sobre los riesgos de este producto provoca un vicio de consentimiento en el cliente, que lleva a la anulación del contrato de este producto financiero y a la devolución de las cantidades pagadas más los intereses de demora, incrementados en dos puntos.
Se generaliza el patrón de que la Justicia anule laudos favorables a la banca que entran a juzgar el fondo del asunto, con lo que las pymes salen victoriosas de todas sus vías de reclamación contra las entidades.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 28 de enero de 2015, ha anulado un laudo por infringir el orden público económico, en tanto que obligó a un cliente a pagar a un banco lo que le debía por un swap -contratos de permuta financiera-. Entiende el TSJ que, al no haber informado al cliente de la complejidad del producto, el banco no cumplió las normas de conducta que recoge la Ley de Mercado de Valores (LMV).