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Tribunal Supremo exige que la renuncia a la acción de nulidad formule de forma expresa en los contratos de cancelación anticipada de los swap. Así, no valdrá una renuncia genérica, como la contenida en contrato suscrito en el litigio, que aseveraba que «una vez satisfecho el importe extinción, las partes no se deberán suma alguna por causa de la operación y, en todo caso, renuncian a cualquier pago o entrega que pudiera tener en virtud de la operación».
El marco legal que protege a los ahorradores particulares puede llegar a generar inseguridad jurídica, ya que no diferencia entre inversor cualificado y el que adquiere productos financieros complejos sin saberlo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 28 de enero de 2015, ha anulado un laudo por infringir el orden público económico, en tanto que obligó a un cliente a pagar a un banco lo que le debía por un swap -contratos de permuta financiera-. Entiende el TSJ que, al no haber informado al cliente de la complejidad del producto, el banco no cumplió las normas de conducta que recoge la Ley de Mercado de Valores (LMV).