El bien jurídico protegido por el asesinato es el mismo que el delito de homicidio: la vida humana independiente. El Tribunal Constitucional interpreta que la protección de la vida humana tiene rango constitucional; el primer inciso de la Constitución española establece que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
