Crece 22% dinero que se ingresa en cuentas judiciales. El saldo medio de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, donde se ingresan fianzas o embargos, fue en 2014 de 3.969 millones de euros, frente a los 3.420 millones de un año antes.
Crece 22% dinero que se ingresa en cuentas judiciales
El saldo de la cuenta común a la que van a parar todos los ingresos que ciudadanos o empresas realizan ante los órganos judiciales, ha vuelto a crecer. Según los datos que aparecen reflejados en el informe La Justicia dato a dato que cada año elabora el Consejo General del Poder Judicial, a lo largo de 2014 se llegó a ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales la cantidad de 8.449 millones de euros, frente a los 6.925 millones del año anterior, lo que supone un incremento del 22%.
En las cuentas de los juzgados, que ahora se encuentran centralizadas, se depositan, por ejemplo, las fianzas para eludir la prisión provisional, responder en concepto de responsabilidad civil o asegurar la realización de un acto procesal, así como el pago de multas, de los depósitos para recurrir resoluciones judiciales y de las cantidades embargadas por los tribunales.
También se ingresan importes relacionados con el cumplimiento de resoluciones judiciales, en concepto de indemnizaciones, honorarios de abogados, peritos o derechos de procuradores.
Buena parte de este dinero se acaba devolviendo a sus propietarios (sin intereses), o va a parar a la parte contraria cuando se resuelve el conflicto a su favor, lo que hace que haya un flujo constante de entradas y salidas de capital. También hay otra parte que corresponde al Ministerio de Justicia, como es el caso de los depósitos para la interposición de un recurso, cuyo fin es disuadir a quienes reclaman sin fundamento jurídico.
En este sentido, y en paralelo a la cifra de cantidades ingresadas, los datos muestran que el flujo de dinero que salió de la misma cuenta alcanzó el montante de 7.823 millones de euros en 2014, mientras que un año antes la cifra era de 6.569 millones.
Con todo, el saldo medio durante el ejercicio pasado se vio incrementado en un 16%, desde los 3.420 millones de euros de 2013 a los 3.969 millones un año después. Este saldo generó unos intereses para las arcas del Estado de 166 millones de euros en 2014, según las cifras facilitadas por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, colectivo que se encarga de gestionar la entrada y salida de dinero en cada juzgado.
Tesoro Público
Aunque la gestión de la cuenta es competencia de Justicia, los intereses que se liquidan por la entidad de crédito que la gestiona, que actualmente es Banco Santander, van directos al Tesoro Público, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, pasando a engrosar los Presupuestos Generales del Estado.
A finales de los años 80, se suprimió la recepción material de dinero en los juzgados y tribunales, estableciendo la obligatoriedad de una única entidad de crédito para prestar el servicio, bajo determinados parámetros para homogeneizar la gestión de las cuentas que, hasta ese momento, no se encontraban centralizadas y había una gran dispersión en su gestión.
El objetivo era diseñar un sistema basado en la búsqueda de la mayor eficacia y control sobre las cantidades allí depositadas, suprimiendo la libertad de los órganos judiciales para elegir la entidad de crédito en la que abrir la cuenta.
Se creó con ello un sistema sometido a mayores garantías, que permite que las cantidades ingresadas puedan permanecer largo tiempo depositadas en las entidades bancarias designadas.
Para la elección de la entidad de crédito que presta este servicio de apertura y gestión de las cuentas, se convoca un concurso público en el que se valoran las mejores condiciones económicas y técnicas ofrecidas por los licitadores. BBVA se encargó de esta labor durante años hasta que en 2009 Banesto, entidad ahora integrada en Banco Santander, ganó la adjudicación.
A finales del año pasado volvió a salir a concurso, logrando esta entidad continuar siendo el banco elegido para esta función, con un contrato de cuatro años que se puede prorrogar anualmente por hasta otros dos años más.
Indemnizaciones por errores de la Justicia
El informe ‘La Justicia dato a dato’, que desmenuza todas las cifras de juzgados y tribunales relativas a 2014, también muestra cómo las indemnizaciones por mal funcionamiento de los órganos judiciales se han visto incrementadas respecto al año anterior.
En 2013, el importe pagado por «responsabilidad patrimonial con cargo al Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia» fue de casi 3,8 millones de euros, lo que suponía un millón de euros menos que en 2012. Sin embargo, en 2014, la cifra ha vuelto a subir, disparándose un 18%, hasta la cantidad total de 4,4 millones de euros.
Algunos supuestos que pueden dar lugar a indemnización son las penas de prisión a una persona que más tarde resulta ser inocente, los retrasos indebidos o el extravío de pruebas. En 2014, los datos del informe muestran que el mayor número de expedientes de responsabilidad patrimonial estimados tiene que ver con retrasos indebidos (34), es decir, con la lentitud en la respuesta que da la Justicia.
Sin embargo, esta cifra se ha visto considerablemente reducida respecto a 2013, cuando fueron 72 los expedientes por esta causa.
Caso Nóos
La infanta Cristina ingresó en la cuenta de los juzgados de Palma, a finales de 2014, la cantidad de 587.413 euros en previsión de la responsabilidad civil exigida por la Fiscalía Anticorrupción. Cifras como esta engrosan el flujo de capital de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, que en 2014 ingresó 8.449 millones de euros.
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