Canarias: 100.000 pleitos sin resolver. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, advirtió ayer «cierta mejoría» en el funcionamiento de los órganos judiciales canarios en 2015, pero consideró que aún precisan de más medios y de ahondar en las reformas que se han llevado a cabo.
Partidos judiciales en Canarias
Doreste informó, durante el discurso que pronunció con motivo de la apertura del año judicial, de que las tasas de resolución, pendencia y cogestión en el Archipiélago bajaron en 2015 respecto a 2014, al pasar del 1,2% al 0,8%, del 7,8% al 4,3% y del 1,9% al 1,5%, respectivamente, e hizo hincapié en la notable dilación que se produce en la ejecución de las sentencias.
Doreste, además, restó importancia al hecho de que hayan quedado 100.000 asuntos sin resolver el pasado año por tratarse de delitos comunes que no son graves, al no haber podido dar con los culpables, algo que, dijo, tampoco obedece a la ineficacia de los cuerpos de seguridad.
Se refirió a las causas que impiden el buen funcionamiento de la justicia, entre ellas, la falta de medios humanos y materiales. En lo que respecta al Gobierno canario, reconoció el esfuerzo efectuado en esta materia, aunque dijo que aún quedan pendientes infraestructuras, como el edificio judicial de Santa Cruz de Tenerife. Entre esas causas apuntó la dificultad que supone la coordinación de las tres administraciones de la que dependen los órganos judiciales: el Estado, la Comunidad Autónoma, y el Consejo General del Poder Judicial. A su juicio, el funcionamiento sería más ágil si solo se dependiera de una.
Reformas urgentes
Por otro lado, elogió la independencia con que trabajan fiscales y fuerzas de seguridad del Estado contra la corrupción, pese a depender del poder ejecutivo, lo que demuestra «la buena salud de nuestro sistema represivo».
Doreste consideró que el hecho de que tanto unos como otros acusen a personas del estamento político e, incluso, pertenecientes al mismo partido que sus superiores «es algo que demuestra la independencia, efectividad y la salud de nuestro sistema represivo», hasta cuando se investiga a magistrados.
Así mismo, hizo hincapié en el efecto ejemplarizante que generan los casos corrupción política, porque aquellos que son tentados para aceptar comisiones o sobornos «se ven frenados» al ver «cómo están aflorando, siendo perseguidos y difundidos» estos hechos por parte de los medios de comunicación. La independencia de los magistrados está «claramente demostrada y constitucionalmente protegida», pero los fiscales y las fuerzas de seguridad dependen del poder Ejecutivo, por lo que incidió en su trabajo contra la corrupción.
Fuente: El Día
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