El Supremo abre la posibilidad de revisar todos los desahucios previos a marzo de 2013. Dictaminaba la inexistencia de cosa juzgada en las ejecuciones hipotecarias. Miles de consumidores que fueron lanzados y perdieron su vivienda antes de esa fecha podrían reclamar posibles daños y perjuicios si su hipoteca contenía cláusulas abusivas.