La Constitución Española establece el principio de responsabilidad de los poderes públicos que determina que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables, y sometidos únicamente al imperio de la Ley. Este precepto se reproduce en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el que se añade el sometimiento a la Constitución.