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Desde el momento que una persona es detenida, por la presunta comisión de un delito, tiene una serie de derechos que no deben quedar en un mero trámite de la propia detención, sino que han de ser rigurosamente respetados para garantizar la defensa del detenido. Desde el 1 de noviembre de 2015, los derechos de los detenidos han sufrido una significativa modificación con la que se pretende una mayor protección de su derecho de defensa.
En fechas recientes se han producido ciertos hechos de trascendencia en la opinión pública, relacionados con el caso Nóos que se juzga en la Audiencia Provincial de Palma, que han llevado a cuestionar la figura procesal de la acción popular.
El día 31 de marzo de 2015 se publicó en el Boletín Oficial de Estado la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modificaba la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015. Uno de los puntos más importantes de dicha reforma, ha sido la supresión del Libro III, titulado “Las Faltas y sus penas”.
Cuando una persona es absuelta con todos los pronunciamientos favorables y la misma ha sufrido prisión preventiva, por dicho procedimiento, el Estado debe reparar el daño causado, que siempre existe pues se le mantuvo en prisión cuando no debió haber padecido la misma.
El Tribunal Supremo establece que las declaraciones prestadas ante la Policía tanto por detenidos como por testigos “no pueden operar como corroboración de los medios de prueba”, es decir, sirven a las fuerzas de seguridad para la investigación pero no pueden utilizarse como pruebas por sí mismas para condenar en un juicio.
El nuevo Código Penal recogerá las enmiendas planteadas por las organizaciones empresariales destinadas a poner freno a los hurtos llevados a cabo por profesionales, bandas organizadas o delincuentes multi-reincidentes.