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La entrada en vigor el pasado 6 de diciembre de la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales se ha traducido en el primer trimestre del año en una disminución del 42,7% en la entrada de asuntos en la jurisdicción penal, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial.
Se quejan amargamente los bancos, en general, de las costas procesales que le están imponiendo los órganos judiciales cuando pierden los pleitos referentes, por ejemplo, a la existencia de cláusulas abusivas en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, en los que se pretende la rescisión del contrato financiero o bursátil, los que versan sobre los productos financieros complejos o los conocidos contratos de acciones preferentes u obligaciones subordinadas, entre otros.
En 2015, se resolvieron un total de 8.855.607 asuntos. A final de año, quedaban en trámite 2.411.855, lo que representa una reducción del 5,9 por ciento respecto a los que estaban en esa situación al inicio del periodo estudiado. Se trata de la cifra más baja desde 2007.