17 May 2016

Subasta judicial electrónica y Ley Concursal

Subasta judicial electrónica y Ley Concursal

El plan de liquidación y la posibilidad de la subasta judicial. Prescindiendo de la posibilidad que otorga el artículo 191 ter LC -EDL 2003/29207-, de que sea el propio deudor quien con la solicitud de declaración de concurso y liquidación presente una propuesta de enajenación de la unidad productiva con una propuesta vinculante conforme al artículo 190.2 (hay que entender al 190.3 LC). Corresponde a la administración concursal preparar el plan de liquidación, partiendo del inventario de la masa activa, anexo al informe definitivo, incluidos los bienes y derechos adquiridos por rehabilitación de contratos de adquisición de bienes con precio aplazado (art. 69), así como de las acciones de reintegración o de impugnación (arts. 71 a 73). La administración concursal una vez descartada la venta de la unidad productiva, goza de libertad para elegir las alternativas de liquidación que considere más apropiadas, atendiendo a la naturaleza de los bienes y derechos, la finalidad perseguida con la liquidación, los intereses existentes en el procedimiento…y como contraprestación le es exigible una especial diligencia a la hora de confeccionar el itinerario de la liquidación, sin que se limite a remitirse a las reglas generales de la ejecución o vía de apremio de la LEC, puesto que éstas como veremos tienen difícil encaje en la liquidación concursal.

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03 Ago 2015

Juez solicitará cooperación internacional

Juez solicitará cooperación internacional

El próximo 20 de agosto, los jueces pueden remitir directamente las solicitudes de cooperación internacional sin necesidad de tener que hacerlo como hasta ahora, a través de las audiencias provinciales, tribunales superiores de Justicia o del Tribunal Supremo, lo que ralentizaba el proceso.

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02 Jun 2015

Examen acceso para ser abogados

Examen acceso para ser abogados

El pasado sábado tuvo lugar la prueba de evaluación para el ejercicio de la profesión de abogado. Este examen se realiza tras la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.

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