Los propietarios de viviendas contra las que pese una orden de demolición porque un juzgado haya declarado ilegal la construcción, tendrán que ser indemnizados antes de las obras de derribo. Así lo establece la modificación que aprobó ayer el Senado durante la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo texto se remitirá al Congreso de los Diputados para aprobarse de forma definitiva.