Los Estados miembros de la Unión Europea deben garantizar, desde esta semana, que los sospechosos o acusados en los procesos penales reciban la asistencia jurídica antes del interrogatorio policial. Además, la nueva normativa europea establece la obligación de que los letrados atiendan a los afectados antes de determinados actos de investigación o de obtención de pruebas.
