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La sentencia del Tribunal Constitucional avala el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales, pero considera que las cuantías resultan desproporcionadas y cree que pueden producir un efecto disuasorio en los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales de Justicia.
El Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de la Proposición de Ley acerca de la derogación de las tasas judiciales establecidas por la Ley 10/2012.
La Dirección General de Tributos ha aclarado en qué casos deben pagarse y en cuáles no las tasas judiciales. En los últimos meses, la Dirección General de Tributos ha resuelto diversas consultas vinculantes sobre el pago de las tasas judiciales. En una de ellas, ante la pregunta de si podría equiparse la incomparecencia del demandado en el juicio con el allanamiento a efectos de la devolución del 60% de la tasa judicial, la Dirección General de Tributos responde que no es posible.