Constituye la Orden de protección un instrumento eficaz y completo que se introdujo en la Ley Procesal Penal, reguladora de la Orden de Protección, con la finalidad de conceder a la mujer víctima de violencia de género un paquete de medidas civiles y penales con las que colmar una laguna existente en orden a potenciar la resolución de las medidas civiles al mismo tiempo que las penales cuando una mujer maltratada presenta una denuncia, actuando como verdadera panacea unificadora de criterios en la pretendida coordinación entre la jurisdicción civil y penal.