«El Derecho de la Unión se opone a que las concesiones para el ejercicio de las actividades turísticas y recreativas en el dominio público marítimo y la costa se prorroguen de manera automática al no existir procedimiento alguno de selección de los posibles candidatos». Así lo establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que subraya que este sistema «impide llevar a cabo una selección imparcial y transparente de los candidatos».