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Las estadísticas oficiales muestran que en 2015 se registraron 27.624 víctimas de violencia de género, un 2 por ciento más que en 2014, dándose el mayor aumento del número de víctimas entre las mujeres de 50 a 54 años (17,6 por ciento) y en las menores de 18 años (10,6).
La absolución o el archivo de actuaciones por delitos de malos tratos, amenazas o abusos iniciados contra uno de los cónyuges divorciados justifica, según el Tribunal Supremo, la modificación del régimen de guardia y custodia en exclusiva para uno de los progenitores, y sustituirlo por el régimen de custodia compartida.
Los procedimientos penales incoados se redujeron un 5 por ciento en 2015, según informó ayer la fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal. Una cifra que, en todo caso, no se atrevió a atribuir -de momento- a la supresión de las faltas y la introducción de los delitos leves, y el cese de la remisión de los atestados sin autor.
El principio de presunción de inocencia es el derecho fundamental que tiene todo imputado en un proceso penal y por el que debe ser tratado como si fuese inocente hasta que una sentencia firme establezca su condena. Este principio, en nuestro derecho, se encuentra recogido en el artículo 24.2 de la Constitución Española, así como en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la reciente Directiva (UE) 2016/343, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio.
Un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial determina que solo el 0,4% de las denuncias por violencia machista son falsas. Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio, asegura que estas cifras evidencian «la inconsistencia de la alegación de que las mujeres denuncian en falso».
En el incumplimiento del régimen de visitas, el uso de la fuerza se materializa en la imposibilidad para uno de los progenitores de relacionarse con sus hijos por una acción o una omisión del otro progenitor, que convive con ellos, y decide de manera unilateral impedir esa relación, contraviniendo el interés de los menores y del otro progenitor en pos de su propio interés.